Aunque
falta armonizarlo, el borrador final de la Constitución ya está listo y
dos derechos asoman en él como novedad: el derecho a la vivienda y el
derecho a la ciudad y el territorio.
Al
respecto, la Cámara Chilena de la Construcción declaró ayer: “La
propuesta de texto constitucional establece que toda persona tiene el
derecho a una vivienda digna y adecuada y que el Estado debe tomar
medidas para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho”.
Destaca que “es un avance que se busque consagrar constitucionalmente el derecho a la vivienda”.
No
obstante, añade: “Para garantizar mejor este derecho hubiera sido
preferible que –en vez de listar una serie de atributos que deben
cumplir las viviendas, los que pueden ser inexactos o quedar obsoletos–
solo se indicara que la política pública debe garantizar el acceso de
las personas a una vivienda “adecuada”, concepto que está ampliamente
desarrollado a nivel internacional y que se asocia a condiciones
objetivas que pueden ser cumplidas”.
Agrega
que “si no queremos que este derecho se quede en el papel, es
fundamental que la acción del Estado no limite los aportes que en esta
materia hacen la iniciativa privada (con y sin fines de lucro) y las
organizaciones de la sociedad civil”.
Derecho a la ciudad y al territorio
El
borrador constitucional también señala que todas las personas tienen
derecho a habitar, producir, gozar, transformar y participar en ciudades
y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas
para una vida digna. El derecho a la ciudad, según se agrega, se basa
entre otras cosas en “la función social y ecológica de la propiedad”.
La
Cámara reconoce que en las ciudades chilenas hay personas que viven en
barrios que no ofrecen condiciones adecuadas para una vida digna, “por
lo que el artículo es un paso adelante”.
Sin
embargo, el gremio cree que se debiera plantear la “obligación” del
Estado de “asegurar” a través de la política pública el cumplimiento de
ciertos estándares urbanos mínimos en todas las ciudades y comunas del
país y hacer referencia al rol que juega la planificación urbana en el
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en las ciudades.
La Cámara afirmó que, al igual que en el caso del derecho a la vivienda,
“tendría que consagrarse la colaboración entre el Estado, la iniciativa
privada, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades para
cumplimiento de los objetivos que se persiguen”.