El presidente de la Cámara Austro Chile, Eduardo Camelio, junto a la directiva en pleno de esta organización gremial, manifestó ayer su profunda preocupación por lo que, a su juicio, puede constituir un grave daño a la actividad turística regional, producto de la nueva normativa referida al uso de calderas. Específicamente, se trata de un reglamento emitido por el Ministerio de Salud, el cual regula el uso de calderas y equipos a vapor y exige la contratación expresa de personal certificado para su operación, todo esto encarece sustantivamente los costos y expone a las empresas del sector, a multas millonarias, como ya está ocurriendo, denunció. “El tema de las calderas es una ley que se generó con una finalidad totalmente diferente, indicó Camelio. Para el resto del país, no tiene ningún efecto, pero para Magallanes donde todos los negocios y locales manejan algún tipo de calefacción mayoritariamente con agua, puede ser muy grave”. En la práctica, añadió, eso significa que todos tienen que cumplir una ley “que está diseñada para fines industriales y calderas de vapor de alta presión con lo cual, estas empresas deben especializar gente para control de calderas, algo muy oneroso y que no tiene nada que ver con lo que se buscaba cuando se creó la ley”, indicó.
Por su parte, la directora de la cámara, Victoria Marinovic agregó que “nosotros tenemos una diversidad de socios que son de muy pequeños emprendedores hasta grandes empresas y a todos se les exige la misma normativa e incurrir en los mismos gastos. ¿Cómo los legisladores no vieron una excepción a la normativa en nuestra región? No puedes pedirle a un emprendedor que trabaja él con su señora en un hostal que tenga que certificarse… En estos casos llega a ser absurda esta normativa”.
A su vez, el empresario Alejandro Solo Zaldívar, agregó que “si se aplica esta regulación como está, hasta los colegios y jardines infantiles debieran contratar estos profesionales, lo que es imposible”.
En tanto, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alejandro Kusanovic, manifestó su grave preocupación por esta normativa. “Cada empresa debería contratar, al menos, tres personas certificadas, entre otros muchos costos. Algo imposible para cualquier pequeño empresario”, dijo el timonel regional de la CPC.