Esta
semana, el exvocero de Educación 2020 y ahora integrante del movimiento
Amarillos por Chile, Mario Waissbluth, hizo una severa advertencia
sobre los impactos que, a su juicio, tendría la aprobación del borrador
constitucional, el 4 de septiembre.
WAISSBLUTH
Entrevistado
en el programa Tolerancia Cero, Waissbluth leyó un texto elaborado por
constitucionalistas del movimiento. “Esta Constitución inhibe la
inversión y el desarrollo al hacer más precario el derecho de propiedad,
lo peor hace más precarios los derechos de agua de 350 mil usuarios actuales, sin que estos puedan ser
utilizados como garantía en créditos bancarios. Son 5 mil
organizaciones de regantes. En el fondo, los expropia sin pago ni
siquiera un pago justo”.
Waissbluth
critica que “no se entiende por qué no se elevó a rango constitucional,
el excelente Código de Aguas que acaba de ser modificado en el Congreso
con respaldo unánime”.
Y
estas dudas son las que abren muchas inquietudes en el sector, aunque
otros en la región creen firmemente que no hay porqué preocuparse, sino
al contrario.
ARCOS
El
abogado y exgobernador, Juan José Arcos, explicó que la nueva
Constitución no hace mayores cambios al Código de Aguas, recientemente
aprobado. Su preocupación, en cambio, es que el texto constitucional
debilita el derecho de propiedad en general y abre la posibilidad de
reclamaciones indígenas sobre la propiedad de la tierra, lo que podría
traer graves consecuencias, advierte.
ASOGAMA
Pero
si bien el Código de Aguas acaba de ser modificado en el Congreso y el
borrador de la nueva Constitución no hace mayores cambios al respecto,
queda por ver cómo el resultado del plebiscito influirá en su
implementación.
Por
ello, el vicepresidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes
(Asogama), Iván Nikovic, explicó que en la región el gremio ganadero
está expectante de lo que puede suceder tras el plebiscito del 4 de
septiembre y su efecto en la normativa que rige al sector.
“La
ganadería y la agricultura necesitan de agua para funcionar, esa es la
base de toda la vida en general. En la medida que tengamos algún tipo de
restricción para el uso o el goce de esa disponibilidad de agua para
hacer funcionar nuestra industria, es complejo, porque cualquier
restricción que tú tengas para obtener agua para regar tus terrenos o
dar de beber a los animales de tu terreno, vas a restringir la
producción agrícola que es la que le da el sustento alimentario a la
región y al país”.
GIUSTINIANOVICH
En
cambio, la constituyente Elisa Giustinianovich dice que el actual texto
constitucional impide dotar de herramientas a los organismos públicos
para enfrentar el cambio climático y la escasez hídrica “lo que sería
catastrófico”, afirmó. “El Estado tendrá un deber de custodio al otorgar
autorizaciones de uso sobre este elemento, exigiendo estándares de
democracia, solidaridad, participación y obligaciones de preservación,
conservación y restauración”.
Agregó
que quienes hoy detentan derechos de aprovechamiento de agua los
mantendrán, “sólo que ahora, como ocurre en todo el mundo, como
titulares de una autorización administrativa de un bien común y público,
con el mismo caudal y con los derechos y deberes que implique. Y para
dar certeza a los pequeños agricultores y a las comunidades rurales, en
la disposición trigésima sexta transitoria, se establece que las
políticas de redistribución de caudales para asegurar los usos
prioritarios no se harán sobre sus autorizaciones”.
Citó
un informe del Centro de Derecho y Gestión de Agua, que revisó 93
países, y concluyó que ninguna constitución consagra la propiedad
privada sobre los derechos de agua, al tiempo que un informe similar
del Laboratorio Constitucional de la UDP, arrojó que “Chile es el único
país del continente que consagra propiedad privada sobre los mismos”.
MORALES
La diputada Javiera Morales agregó: “Creo que la gente está cansada de declaraciones alarmistas que terminan siendo falsas.
Es innegable que vivimos una crisis ambiental e hídrica. Y no estamos hablando de fantasmas, es una realidad que
se vive hoy, en el que la sequía ya es un drama para cientos de
familias y para los sectores rurales. A Magallanes la sequía ya llegó.
La Nueva Constitución contiene una regulación que le hace frente a esta
escasez hídrica. Esta regulación no se aplica de un día para otro, sino
que sus normas transitorias señalan claramente que quienes hoy son
titulares de derechos de aguas los mantendrán como autorizaciones y no
perderán sus caudales o inversiones asociadas al agua siempre que estén
utilizando efectivamente esa agua dentro del marco de la prevalencia de
los derechos humanos y el equilibrio ecosistémico. Para Magallanes cómo
no va a ser una buena noticia que se esté avanzando en mayores certezas
para las generaciones futuras y para sus glaciares”.