La colectividad presentó documentos que acreditan que la Contraloría General de la República llevó a cabo un juicio de cuentas contra Fernández en 2009 y acreditó que había existido una negligencia inexcusable por parte de la Encargada de Administración, acto en el cual la actual gobernadora habría tenido una corresponsabilidad solidaria. El ente fiscalizador demandó un pago de $ 8.098.669 por perjuicios causados al patrimonio fiscal.
Pese a que el fallo no inhabilita a Fernández para ejercer cargos públicos, la colectividad cuestiona si una persona de la que se ha demostrado una corresponsabilidad en acciones que perjudicaron el erario público puede hacer honra de la investidura.