Hace cuatro años la cara de las campañas municipales definitivamente
era otra. A 51 días del enfrentamiento en las urnas, los medios de comunicación
atiborraban a las audiencias y públicos, con esloganes y frases de los
candidatos de las distintas tiendas políticas en competencia. Hoy el escenario
es muy distinto debido a las restricciones de la ley electoral y de la
normativa marcada por el Servicio Electoral (Servel), sumado a los precarios
presupuestos de los candidatos para enfrentar el desafío del 23 de octubre.
El 24 de agosto, el Servel dio el vamos al período de propaganda
electoral, considerando que en “todo evento o manifestación pública y la
publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros
medios análogos, siempre que promueva a una o más personas o partidos políticos
constituidos o en formación, con fines electorales”.
En esta primera etapa, los candidatos pueden difundir información en
la prensa escrita y en las radioemisoras, al igual que hacer avanzadas
territoriales con brigadistas y voluntarios, estando permitido la
identificación con banderas y la entrega de volantes informativos del
candidato.
En espacios públicos la propaganda puede ser dispuesta en lugar
específicos indicados por el Servel a partir del 23 de septiembre, cartelería
que no supera el metro 20 centímetros y que debe ser retirada el 20 de octubre.
Atrás quedaron las gigantografías dispuestas en carteles carreteros a la
entrada de la ciudad, utilización de pantallas gigantes con gráficas de los
candidatos o la utilización de lunetas en el transporte público. Todo ello no
está permitido.
La invisibilidad de las campañas municipales también está relacionada
con el gasto electoral permitido por ley.
Para el caso de los candidatos municipales los montos establecidos por
ley son los mismos, pero quedan terminantemente prohibidos los aportes de
personas jurídicas y las contribuciones de personas naturales en una misma
elección con una suma que exceda el 10% del límite del gasto
electoral fijado para la comuna.
Tampoco se podrán efectuar en una misma elección de alcaldes o
concejales aportes por una suma superior a las 1000 UF, y los aportes
personales de los candidatos no pueden superar el 25% del gasto electoral
permitido. Además los partidos están obligados a la reinscripción de sus
militantes para acceder a dineros públicos y los aportes menores sin publicidad
no deberán superar las 15 UF.
Todo ello conspira para que los candidatos, ya sea para alcaldes o
concejales, presenten campañas más bien escuálidas en presupuesto, lo que ha
empujado a que sus equipos de campaña ocupen las redes sociales y el ingenio
para captar el voto que los catapulte al éxito el 23 de octubre.
Así mismo, están obligadas por ley las autoridades que realicen actos
públicos por obras financiados por recursos públicos, quienes deben invitar a
todos los candidatos a inauguraciones y otros eventos. La contravención de este
imperativo de la ley, es sancionado.
Nueva forma
Dado lo anterior, los candidatos han tomado las restricciones, algunos
como un desafío y otros como una imposición que puede costarles el éxito, y se
han volcado a realizar reuniones con dirigentes, apoyarse en figuras relevantes
de la política y la entrega de volantes en los puerta a puerta, y en un número
muy reducido apariciones pagadas en los medios de comunicación.