Como han
dicho en innumerables ocasiones las autoridades nacionales y regionales de
Transportes, el sistema de seguros
contra accidentes usado por estas aplicaciones depende de su propia
autorregulación y de lo que exige el Ministerio de Transportes a cualquier
vehículo, es decir, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), que
es el requisito mínimo para renovar cada año el permiso de circulación.
Mientras no
se apruebe el proyecto de ley que se discute en el Congreso, empresas como
Uber, Cabify y Easy Taxi no se rigen por una norma especial que aborde su funcionamiento,
lo que ha sido criticado por el transporte regulado, como los taxis básicos,
ejecutivos y otros.
Los seguros
contratados por los taxis básicos y ejecutivos dependen de lo solicitado por
Transportes. La ley ordena un tipo de seguro especial para este tipo de
servicios, con cobertura de hasta 600 UF (más de
$ 15
millones), dependiendo de la magnitud del siniestro. En tanto, los taxis
ejecutivos poseen, además del seguro tradicional, una póliza que cubre hasta
300 UF por asiento.
Partiendo de
la base que no existe aún una ley que regule las plataformas en ningún ámbito,
la contratación de seguros depende de las propias reglas que se dan esas
empresas.
En el caso
de Uber, los vehículos de sus asociados usan el SOAP, cuya cobertura oscila
entre 200 y 300 UF, según el daño provocado (lesiones o muerte).
Cabify exige
a los conductores asociados el seguro tradicional y otro que contempla cada uno
de los asientos del vehículo, con cobertura variable. Según se ha informado,
esta compañía posee además una póliza por responsabilidad civil, que
financiaría eventuales indemnizaciones civiles.
En tanto,
Easy Taxi, que ya está operando en Punta Arenas bajo una modalidad mixta de
asociados, es decir, taxis convencionales y autos particulares, informó que en
el caso de los automóviles sólo se pide el SOAP y los taxis poseen los seguros
que contempla la ley.