El superintendente de Educación Escolar, profesor Alexis
Ramírez Orellana, será el responsable de resolver el requerimiento de
intervención de la Corporación Municipal de Educación de Punta Arenas
(Cormupa), presentado por el gremio de los Asistentes de la Educación, durante
la semana recién pasada.
Según informó la directora regional de la Superintendencia
de Educación Magallanes, Nieves Raín, quien posee la facultad dentro de sus
funciones es Ramírez Orellana. “Es mucho más complicado esta vez. Los
Asistentes de la Educación están solicitando la intervención de un administrador
provisional en la Cormupa, y eso lo resuelve el Superintendente en Santiago y
no en la dirección regional”, señaló.
Raín manifestó que el equipo jurídico de esa entidad,
analizará los antecedentes presentados por los asociados a ese gremio demandante,
y eventualmente podría requerir otra documentación, pero quien resuelve si
existen méritos para el arbitraje, una vez ponderadas las referencias, es el
superintendente.
El análisis de la petición de un administrador provisional y
su trámite podría extenderse hasta dos meses, dado la gravedad de los hechos
denunciados y la complejidad de las acciones y documentación que deben
respaldar la acción administrativa.
El presidente del
sindicato de los Asistentes de la Educación Punta Arenas, Javier Quintul, junto
a los delegados de 30 establecimientos de educación pública que administra la
gestión del alcalde Emilio Boccazzi, sumado el vicepresidente de la Fenasicom
(Federación Nacional de Sindicatos de Corporaciones de Chile), Pedro Pablo Ramos, pidieron el miércoles
pasado, un administrador provisional para la Cormupa, debido que, pese a ser
descontados en las planillas de sueldos los importes solicitados por ley y los
negociados de acuerdo a contratos individuales con la banca, no se han
cancelado las previsiones ni los créditos sociales, provocando un grave
perjuicio a los más de 500 afiliados sindicalizados, de más de 800 funcionarios que laboran en las
aulas públicas de la comuna.
Sumado a esto, los
asociados denunciaron por escrito que “no se nos entrega información
fidedigna”, en referencia a las constantes peticiones realizadas a la
secretaría general de Cormupa y que han sido “víctima de persecución gremial y
personal en nuestras actividades profesionales, todo lo cual ha provocado
protestas y manifestaciones gremiales legítimas que han sido obstaculizadas
bajo amenazas de despidos y represalias encubiertas, hechos que son de público
conocimiento”.
Segunda petición
En junio del año pasado,
el concejal Vicente Karelovic solicitó la intervención de la Cormupa ante la
Superintendencia, pedido que no prosperó. “Esta vez, es un gremio el que
solicita la intervención de un administrador provisional, y con antecedentes,
además de denunciado otras situaciones que habrá que analizar”, dijo Raín.
La figura del
interventor, vela porque los procesos administrativos de los estamentos
educativos, funcionen según se rige en el marco de la legalidad, y este
arbitraje lo efectúa durante algún tiempo, hasta que las condiciones que
empujaron la petición sean subsanadas.