Ayer,
el Juzgado de Garantía de Punta Arenas ordenó que el sujeto de
iniciales O. G. fuese enviado a la cárcel. Presuntamente, el imputado
abusó sexualmente de dos sobrinas de su esposa cuando tenían 6 y 7 años
años de edad, respectivamente.
Los
abusos contra la primera víctima comenzaron el 2008, cuando la niña iba
los fines de semana a pernoctar en su casa. Ahí, le habría tocado su
zona genital y fue forzada a que ella misma tocase las partes íntimas
del imputado. Supuestamente, los hechos se reiteraron en la casa de la
abuela.
Las
agresiones cesaron en 2013. Cuatro años después, habría comenzado a
abusar de la hermana menor de su primera víctima cuando tenía 6 años de
edad. Realizaba la misma dinámica: cuando la niña dormía en su casa,
tocaba su zona íntima.
Los
abusos contra ella terminaron en 2018. El año siguiente, una de las
hermanas manifestó los abusos ante sus padres. De acuerdo con la
Fiscalía, ellos no decidieron denunciar a las autoridades “al tratarse
de una situación de índole familiar”.
Sería
el 2020 cuando comenzó la investigación en contra del imputado. El
tribunal de familia supo los antecedentes y remitieron la denuncia a la
Fiscalía de Puerto Natales.
El
8 de abril pasado, el imputado declaró ante la Policía de
Investigaciones (PDI). Aunque su versión presenta contradicciones con la
investigación del Ministerio Público, reconoció haber hecho tocamientos
a las víctimas. “Nunca tuve la intención de hacerles daño”, dijo.
A
partir de una orden de detención, los funcionarios policiales lo
detuvieron en la mañana del sábado. Ese mismo día, la Fiscalía le
comunicó que sería investigado por dos delitos: abuso sexual a menor de
14 años en carácter de reiterado y abuso sexual impropio.
Como
medida cautelar, el fiscal Fernando Dobson solicitó al tribunal que
impusiese la prisión preventiva. “La necesidad de cautela se funda en
que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de
la sociedad”, dijo.
La
defensa argumentó que la prisión preventiva era excesiva, pues el
imputado había colaborado con la justicia al prestar declaración.
Además, argumentaron que la investigación ya estaba lo suficientemente
avanzada para decretar una privación de libertad.
Sin
embargo, el juez Juan Villa se inclinó por la posición de la Fiscalía.
Para justificar su decisión de enviar al imputado al Complejo
Penitenciario de Punta Arenas, consideró especialmente la gravedad de la
pena asignada al abuso sexual.
La
investigación se extenderá por los próximos dos meses. El Ministerio
Público ya tiene autorización del tribunal para registrar el domicilio
donde se habrían cometido los delitos.