La nueva ley sobre derechos y deberes de los pacientes está inspirada en los principios de dignidad y autonomía de las personas. Ella vela por los pacientes de la salud pública y privada, protegiendo -por ejemplo- la confidencialidad de la información de salud de cada persona. Estos acápites fueron la inspiración de la molestia e indignación expresada por el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, ante una publicación de un medio escrito de Magallanes en la que narran detalles de un hecho ocurrido hace unos días. Jiménez señala que se vulneraron todos los derechos de privacidad de la persona y que estaría en todo su derecho de efectuar acciones legales contra la clínica en donde recibió la atención médica. Pero en esto también está el rol que cumplió el medio informativo. La información fue difundida en una sección que carece de bases sólidas periodísticas en las cuales afirmarse o bien tener como sostén que avalen los hechos. Porque primero, no se informa de quién entregó los datos de la urgencia a la que se sometió el paciente. Y segundo, se señala textual que “impacto causó entre el personal de esa clínica”, con lo que da a suponer -porque no afirma nada con nombres y apellidos- que fueron funcionarios de allí quienes entregaron los detalles. Para el magallánico Hernán Soto, el artículo es discriminatorio desde el momento en que se califica a las personas que supuestamente concurrieron como una pareja gay, a quienes se acusa de haber estado con unas copas de más. Y finalmente se menciona al doctor a cargo de la intervención, sin tener una opinión de él al respecto. Todo esto configura un panorama que nos debe hacer reflexionar acerca de la labor periodística, la cual debe ser seria y responsable, pues a través de estas informaciones muchas veces falsas se daña la honra de las personas y en Magallanes nos conocemos todos.