En tal sentido, el alcalde de Conchalí, Rubén Malvoa, sostuvo que siempre rechazó esta práctica, que a su juicio configura el delito de enriquecimiento ilícito que -dijo- debe ser sancionado. Mientras, el alcalde de San Miguel, Julio Palestro (en la foto), aseguró que hubo jefes comunales que efectivamente “se pasaron de vivos” interpretando la norma.