Como nunca antes habíamos visto tantos locales comerciales desocupados en el centro de Punta Arenas. Es impresionante. La crisis económica ya resiente a nuestra comunidad. Para muchos el pago del arriendo se está transformando en una verdadera pesadilla. Un alto número de magallánicos han perdido el trabajo en los últimos seis meses. La situación es crítica. Por no decir catastrófica. El comercio local estuvo prácticamente dos meses paralizado y numerosas actividades económicas de la región no pasan por un buen momento. Por eso, hoy en Punta Arenas -de regreso a una cuarentena total en medio de un difícil mes de septiembre- existe la imperiosa necesidad de disminuir o, incluso, postergar el pago de los arriendos, debido a los graves efectos económicos provocados en la zona, por la crisis sanitaria del Coronavirus. La petición está dirigida tanto a los arrendadores locales como a grandes empresas nacionales, debido a la imposibilidad de pagar gran parte de estos compromisos debido al cierre total de muchos locales y el despido, suspensión o rebaja de contrato de miles de trabajadores de la región. Las relaciones entre privados se ven afectadas por el cumplimiento de los contratos de arrendamientos de propiedades urbanas. Por eso se necesita una actitud de acuerdo, de compromiso, de saber salir de la difícil situación. Se necesita comprensión, porque no se puede llegar a la especulación. Y ambas partes deben lograr un entendimiento. En lo estrictamente legal, no se contempla ningún remedio que suspenda el contrato de arrendamiento por sobrevenir un hecho imprevisto e irresistible para las partes, no contamos con normas así, ni en el Código Civil y ni en la Ley de arrendamiento de predios urbanos N° 18.101. Los expertos judiciales señalan que de no existir acuerdo, la única vía será recurrir al tribunal civil a pedir el término del contrato por el no pago de rentas de arrendamiento, y obtener una sentencia que ordene el pago de lo adeudado y la restitución del inmueble, trámite que implica contratar abogado, pagar diligencias de notificación, y un proceso que no tomará menos de 2 o 3 meses, quizás tornando más caro la solución de esta problemática.