“La norma nunca se cumplió”, aseguró el parlamentario, explicando que durante 20 años esta disposición legal no fue obedecida. A su vez, acusó que la ejecución de la normativa no fue fiscalizada y tampoco los diputados ni senadores se ocuparon de investigar el correcto funcionamiento de ésta.
Sobre esto criticó que sus pares no se hayan atrevido a realizar una acusación constitucional y por ello, relató que se reunió con el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, a quien le manifestó su preocupación frente al tema, estableciendo que la única forma que este tipo de obligaciones se cumplan es a través de un proyecto de ley, que ya está siendo tramitado y que pretende acabar con la autorregulación de estas empresas, a fin que ellas sean controladas por el Estado.