A su vez, se rechazó la posición del Gobierno y se sostuvo la convicción política, jurídica y económica de que “los recursos pesqueros deben quedar en manos de los chilenos, de manera explícita en la ley, sin espacio para que ningún privado pueda alegar alguna vez, derechos de propiedad sobre los recursos, pues su explotación debe ir en beneficio de una amplia mayoría y no de unos pocos privilegiados”.