Un grupo de al menos seis comerciantes que tenían locales en la calle Ignacio Carrera Pinto, entre Chiloé y Bories, presentaron el 26 de febrero pasado ante el tribunal pertinente, una demanda colectiva contra el Estado de Chile por la responsabilidad que le cupo a sus representantes en la prevención del aluvión que, el 12 de enero de 2012, asolara el centro de Punta Arenas y gran parte del Barrio Croata y de Playa Norte.
Una de las firmantes de esa demanda colectiva es Sandra Figueroa Muñoz, quien es la dueña de Paulibel, la tienda dedicada a la venta de telas y que espera volver a abrir sus puertas dentro de un tiempo.
El libelo, cuyo patrocinio está a cargo del estudio del abogado Carlos Contreras y asociados, plantea que el Estado de Chile es responsable de los millonarios daños y pérdidas de estos comerciantes ya que las autoridades de la época no dieron las alertas pertinentes cuando las aguas del Río de Las Minas comenzaron a subir hasta desbordarse.
Sandra Figueroa recordó que “el aluvión nos sorprendió, porque nadie dio el aviso oportuno y correcto, y lo que se dio, fue contradictorio”, lo cual hizo que su local comercial, al igual que otros del sector castigado por la fuerza de las aguas que arrastraban rocas y piedras de gran tamaño, troncos de árboles y otros materiales, sufrieran cuantiosos daños.
Los daños
Sandra Figueroa Muñoz estimó el monto de los daños en más de $ 150 millones, considerando que esa suma corresponde sólo a la mercadería que estaba en Paulibel, a lo que es preciso sumar los daños sufridos por la construcción, la pérdida de enseres y, obviamente, lo que han dejado de percibir al no poder recuperar las ventas que tenían antes del desastroso aluvión.
Las quejas
La dueña de la tienda Paulibel también expresó sus quejas contra los procedimientos de la compañía en la cual mantuvo un seguro por 20 años.
“Me devolvieron, y al cabo de 11 meses de tramitaciones, apenas poco más del 50% de las 6.605 Unidades de Fomento que tenía contratadas y en esa demora utilizaron una serie de subterfugios que me perjudicaron harto”, manifestó la comerciante en telas, cuyo local funcionó por largos años y que, a la fecha, aún no puede ser totalmente habilitado.
“Yo pagaba en la compañía de seguros Magallanes, cada mes, 1.49 Unidades de Fomento y renové el contrato el día 5 de marzo, una semana antes del aluvión y seguí pagando hasta septiembre para que no dijeran que estaba en mora y que el contrato había expirado”, aseguró Sandra Figueroa, reiterando que sólo le fue cancelado apenas un 55 por ciento de lo contratado por concepto de seguro.