Se señaló que los sujetos pagaban por el servicio hasta 20 mil pesos, algo que a juicio de la abogada del Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos, Martina Pradenas, “constituye un grave aprovechamiento de la vulnerabilidad social” de las niñas. Los imputados aceptaron el procedimiento abreviado y con ello la acusación del fiscal Dobson. Así Monroy y Barría renunciaron al juicio oral y en vez de eventualmente ser condenados a los cuatro años de presidio que pedía inicialmente el fiscal, lo máximo que ahora pueden recibir como sanción son 541 días de presidio. Para ambos se pidió una pena de cárcel efectiva.