Esta ley, cuyo fin es garantizar el acceso a la información pública por cualquier ciudadano de a pie, obliga a entidades del Estado, como ministerios, gobernaciones y municipalidades, a publicar obligatoriamente la planta del personal, y el personal a contrata y a honorarios, con sus correspondientes remuneraciones, entre varios otros puntos.
Aunque la Corporación Municipal está constituida como una corporación de derecho privado, el Consejo Nacional de Transparencia, entidad encargada de garantizar el libre acceso a esta información, ya ha llevado a juicio en varias ocasiones a corporación municipales por la negativa de hacer su información pública.
Al respecto la Corte de Apelaciones ha fallado: “Aunque se trata de una corporación de derecho privado las corporaciones debían considerarse organismos públicos porque han concurrido mayoritaria o exclusivamente órganos públicos en su creación; porque la integración de sus órganos de decisión, administración y control es efectuada por autoridades o funcionarios públicos y, por la naturaleza de las funciones que desempeñan”.