Dicha queja tiene por objetivo esclarecer el motivo por el cual el Tribunal de la Contratación Pública emitió un fallo adverso a la Municipalidad de Punta Arenas, sobre la licitación del servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios, antes de que se cumplieran los plazos legales para que presentara los antecedentes del proceso. Esta es la segunda ocasión en que la Corte de Apelaciones resuelve que es competente para revisar los dictámenes del Tribunal de la Contratación Pública (TCP) en esta materia.