Las
normas constitucionales vigentes son claras y precisas respecto de las
atribuciones exclusivas que tienen quienes forman parte de la Cámara de
Diputados que, a partir de estas elecciones sumarán ciento cincuenta
cargos, de los cuales tres le corresponden a Magallanes.
La
más importante de esas atribuciones consiste en la fiscalización de los
actos del gobierno y, para ejercer esta atribución, la Cámara puede,
con el voto de la mayoría de los diputados presentes, adoptar acuerdo o
sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al Presidente de
la República, debiendo el gobierno dar respuesta, a través del Ministro
de Estado pertinente, dentro de treinta días.
Y
se establece que, en ningún caso, dichos acuerdos u observaciones
afectarán la responsabilidad política de los ministros y la obligación
del gobierno se entenderá por cumplida por el sólo hecho de entregar su
respuesta.
Cualquier
diputado podrá solicitar determinados antecedentes al gobierno, siempre
que la proposición cuente con el voto favorable de un tercio de los
miembros presentes de la Cámara.
Los
diputados también podrán declarar si son o no a lugar las acusaciones
que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en
contra del Presidente de la República, por actos de su administración
que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o
infringido abiertamente la Constitución o las leyes.
Esa
acusación podrá interponerse mientras el Presidente que esté en
funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo.
Durante este último lapso, no podrá ausentarse de la República sin el acuerdo de la Cámara.
Los
diputados también pueden acusar a los Ministros de Estado, por haber
comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación o por
infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución
y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos
públicos y soborno.
La
palabra concusión es de origen latino; en Derecho define la exacción
arbitraria que hace un funcionario público en provecho propio y que se
asocia al cohecho, al peculado, a la prevaricación y al peculado.
Los
“Honorables Diputados”, como también se les llama, aunque en muchas
personas ese uso genere escozor, también tienen la facultad de acusar a
los magistrados de los tribunales superiores de justicia y al Contralor
General de la República por “notable abandono de deberes”.
Además
pueden levantar acusaciones contra los generales y almirantes de las
instituciones pertenecientes a la Fuerzas de la Defensa Nacional por
haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación.
Esas
facultades también les permiten acusar a los intendentes y a los
gobernadores por infringir la Constitución y por los delitos de
traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.
Ministros,
magistrados, contralores, generales y almirantes; intendentes y
gobernadores, aún en el ejercicio de sus respectivos cargos o al cabo de
tres meses siguientes a la expiración en ese cargo, con acusaciones ya
interpuestas por los diputados, no podrán ausentarse del país sin
permiso de la Cámara y no podrán hacerlo en caso alguno si la acusación
ya estuviera aprobada por ella.
Claro
que para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de
la República, se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en
ejercicio.
En
los demás casos, se requerirá el de la mayoría de los diputados
presentes y el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el
momento en que la Cámara de Diputados declare que ha lugar a la
acusación.
Sin
embargo, la suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o
si no se pronunciare dentro de los treinta días siguientes.
Beneficios
Aparte
de la respectiva y generosa dieta mensual, los diputados tienen otras
garantías como la asistencia libre, pero con sanción en dinero por
inasistencias reiteradas y no justificadas a las sesiones convocadas,
pasajes a los distritos que representan, uso de automóvil con chofer,
asignaciones para asesorías, recientemente un tanto cuestionadas,
teléfonos de todo tipo, personal de oficina en la cámara y en los
distritos que representan y hasta un ítem para publicidad.
Los diputados, como los senadores, disponen de tres semanas en la cámara una llamada distrital.