Ayer,
un magallánico con una alta experiencia en materia económica por
décadas señalaba que “estamos muy complicados” y que “si la temporada
turística de verano viene mala… Que Dios nos pille confesados”. Así
están las cosas. La profundización del deterioro según avanza la
pandemia augura una difícil y paulatina recuperación. Aunque en el
acuerdo transversal de marco fiscal se establecieron medidas para el
apoyo de hogares vulnerables, financiamiento de las pymes, impulso del
empleo y fomento de la inversión privada, la agudización de la crisis
demanda iniciativas procrecimiento más ambiciosas. Los 12 mil millones
de dólares del acuerdo deberían permitir sostener esta agenda, sin
recurrir, por cierto, a los fondos de pensiones de las personas ni a
nuevas fuentes de financiamiento público. Adicionalmente, es necesario
comenzar a entregar mayores certezas jurídicas y terminar con los
continuos intentos por desmantelar la institucionalidad fiscal. En esa
línea, la insistencia parlamentaria en proyectos inconstitucionales,
lejos de contribuir a la estabilidad, afecta las decisiones de
potenciales inversionistas locales y extranjeros. El cómo asegurar las
condiciones adecuadas para la reactivación es un tema que debe ser
atendido con urgencia. De otro modo el perjuicio económico, además de
profundo, sería difícilmente reversible. En mayo, el Indicador Mensual
de Actividad Económica (Imacec) cayó 15,3% en comparación con el mismo
mes de 2019: el peor registro desde el inicio de la publicación del
índice, en 1986.