El presidente del Consejo Regional (CORE), consejero Miguel Sierpe, defendió ayer el derecho del Hogar Miraflores a poner fin a su convenio con el Sename, para atender a niños y adolescentes derivados por los tribunales de familia, como medidas de protección.
Aunque lamentó profundamente la decisión, Sierpe hizo ver que “no podemos olvidar que es, en primer lugar, responsabilidad del Estado proveer los recursos y las condiciones necesarias para atender las necesidades de los niños y niñas más vulnerables de nuestra población. Por lo tanto, no podemos obligar al hogar a llevar adelante una tarea que es, antes que todo, responsabilidad del Estado”.
Sierpe quien, incluso, había gestionado la aprobación de un proyecto para el establecimiento por $ 15 millones, declaró que “este Consejo Regional tiene toda la voluntad para aprobar los recursos que sean necesarios y que estén dentro de nuestras posibilidades hacer. Pero si un hogar que ha cumplido una labor extraordinaria a lo largo de décadas en Punta Arenas, considera que ya no están las condiciones para llevar a cabo esta tarea, no se le puede obligar”. Sierpe defendió, especialmente, la labor del establecimiento en el cuidado de cientos, sino miles de niños en situación de abandono, a lo largo de más de seis décadas en Punta Arenas. “Y esos niños que un día fueron abandonados, hoy día son personas de bien, gracias a la labor abnegada del personal del Hogar Miraflores”.
Pero Sierpe fue mucho más allá y manifestó su opinión crítica del quehacer del Sename. “No se puede desconocer que la crisis que está viviendo el Sename ha hecho que hoy muchas instituciones se estén replanteando seguir trabajando con este organismo”, manifestó.
Intendente
En tanto, el intendente Jorge Flies manifestó que insistirá hasta el final y hará todos los esfuerzos a su alcance por revertir la decisión de las autoridades de la residencia. “Queremos que continúe la labor en este hogar, pues los niños que allí han sido atendidos, han recibido un trato excelente y destacado por todos”.
Decisión
Esta semana, se supo que la Compañía de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul decidió poner fin al convenio en curso con el Sename, el 31 de diciembre.
La decisión se basa en la falta de recursos que el Estado provee para atender adecuadamente a los niños y jóvenes derivados por la justicia, el alto costo fijo que este tipo de convenio involucra (30 profesionales y técnicos) el hecho que esta situación trae consigo que niños y adolescentes vivan en un mismo recinto, lo que afecta particularmente a los niños.