Nuestro país nuevamente es sacudido por una serie de atentados, esta vez bajo la forma de encomiendas que contenían explosivos. Hace una semana uno detonó en una comisaría de Carabineros -dejando varios funcionarios heridos, además de considerables daños materiales- y otro fue dirigido a un alto ejecutivo y exministro del Interior, que no alcanzó a explotar. Pese a la distancia que mantenemos con Santiago, lugar donde ocurrieron estos hechos, el temor también se apodera de la gente de regiones porque nunca se sabe qué es lo que viene. Nadie sabe cómo van a actuar quienes con mentes enfermizas planifican estos atentados. Hoy en Chile existe una sistemática dificultad para recabar antecedentes probatorios suficientes en este tipo de delitos. Por eso esto conlleva un desafío importante para el Ministerio Público y para la inteligencia policial, aun reconociendo que deben asumirlo en un contexto institucional que no es sencillo. Por lo mismo el Gobierno debe acelerar modificaciones legales que de alguna manera se hacen cargo de estas tremendas problemáticas que atemorizan a la comunidad. La gravedad de la amenaza violentista demanda de todas las instituciones del Estado respuestas más rápidas y certeras que las que hasta ahora tenemos. La experiencia chilena en la investigación de este tipo de atentados es malísima y las enfermizas mentes que planifican y ejecutan estos cobardes actos deambulan libres por las calles de nuestro país.