El
Tribunal Ambiental de Valdivia dictó en agosto de 2019 una sentencia
que conlleva un riesgo enorme para la minería, la principal actividad
económica del país. Este fallo, que prohíbe las tronaduras de la Minera
Invierno en Isla Riesco en la Región de Magallanes, ha significado que
la mayor inversión privada de los últimos años en la región deba
paralizar sus actividades. Además y más importante aún, más de 1.000
trabajadores perdieron su fuente laboral, en la cual gozaban de empleos
de calidad con rentas muy por encima del promedio regional.
Las
tronaduras, que consisten en mover las rocas circundantes al mineral
con explosivos, se usan ampliamente en la minería, tanto mediana como de
gran escala.
La
actividad minera es uno de los cimientos más sólidos en que se sustenta
el desarrollo económico y social de Chile. El país posee una gran
cantidad de recursos mineros y cuenta con las mayores reservas del mundo
de cobre y otros minerales. Sin embargo, a pesar de su importancia
muchas veces la sociedad tiende a subvalorar el aporte de la industria
minera al país, sin tener en cuenta que para continuar la trayectoria de
crecimiento y bienestar es imprescindible el desarrollo de la minería.
Hay estudios serios que indican que hoy los chilenos somos 42% más ricos
gracias a la minería. Adicionalmente las estadísticas indican que en
las regiones con alta actividad minera el ingreso per cápita es
significativamente mayor que en las regiones no mineras. Es más el
índice de Gini, que mide los niveles de desigualdad de países o
regiones, es menor en el caso de zonas y la Región de Magallanes no es
la excepción.
Es
del todo inaceptable que se detenga una actividad que beneficia a miles
de familias, sin ofrecer ninguna alternativa salvo conservar
inalterables fósiles vegetales, enterrados a más de 100 metros de
profundidad y de los cuales nada se sabría de no ser por la actividad
minera. Es más, la minera ofreció diversas garantías para su
conservación y que estos fueran expuestos en un museo para que la
ciudadanía pudiera apreciarlos.
La
minería y en particular sus trabajadores han dado muestras relevantes
de su compromiso con la sustentabilidad y con el país. Basta observar su
comportamiento durante este periodo de crisis sanitaria, en que a
diferencia de los propios empleados públicos han mantenido sus
operaciones, conscientes de su importancia para mantener los ingresos
para que Chile cuente con una base económica solida para enfrentar la
crisis financiera post pandemia.
Pese
a todos los grandes anuncios de autoridades y empresas por la mal
llamada “descarbonización”, que paradójicamente solo afecta a las
centrales termoeléctricas a carbón, sin considerar las emisiones de
otras actividades como el transporte, en 2019 el 35% de la energía
eléctrica se generó con carbón. Le sigue por lejos la generación con gas
natural con un 18%. Nos guste o no nos guste, estas cifras se repetirán
por varios años más.
No
parece razonable que en un momento tan delicado como el que vivimos, en
que los propios parlamentarios de la zona de Magallanes le están
pidiendo al Gobierno que vaya en apoyo de los trabajadores cesantes, se
permita cerrar una fuente laboral de calidad que da empleo digno a más
de mil trabajadores.
Sin
embargo, no todo son malas noticias, la Corte Suprema de Justicia
admitió a tramitación los recursos de casación interpuestos por Mina
Invierno, el Servicio de Evaluación Ambiental y algunos de los
sindicatos de trabajadores de Mina Invierno en contra de la sentencia
del Tribunal Ambiental de Valdivia.
Esperemos
que el máximo tribunal del país pueda revertir esta decisión que tanto
daño está provocando en la región y que podría también hacerlo a la
economía nacional.