Desde Santiago trasladaron a un imputado que, junto a otro individuo, estafó a una magallánica a través de su cuenta bancaria.
De acuerdo a los antecedentes expuestos por la Fiscalía en la audiencia de formalización de la investigación, los hechos ocurrieron el 4 de abril del año 2014, en circunstancias que la víctima M.G.M. ingresó al sitio web del Banco de Chile con la finalidad de realizar una transferencia bancaria electrónica de una cuenta corriente, constatando que con fecha 2 de abril de 2014 se realizó una transferencia de una tarjeta de crédito a su cuenta de dos millones y medio de pesos, operación que la víctima no realizó ni autorizó. Posteriormente en diferentes fechas se realizan tres transferencias de fondos por montos de un millón de pesos cada uno de la cuenta de la víctima ahora a otra cuenta del Banco Falabella, ubicada en Santiago, donde fue retirada por el titular e imputado Luis Navarro Navarro, que se los entregó al otro imputado Cristóbal Alarcón Pérez, ambos con ánimo de apropiarse de los dineros ajenos utilizaban la cuenta sin la voluntad de la víctima.
Con estos antecedentes, la Fiscalía formalizó al imputado Cristóbal Alarcón Pérez, quien fue trasladado a Punta Arenas desde Santiago por Gendarmería, por los delitos de estafa residual y espionaje informático, tal como lo indicó el fiscal Oliver Rammsy: “Al imputado se le detuvo en Santiago ya que mantenía una orden de detención por no haber comparecido a una causa del año 2014, donde además actuó con otro imputado al cual ya se le había formalizado, sin embargo faltaba este imputado para formalizarlo y fue trasladado a Punta Arenas exclusivamente para este trámite. Estas estafas se realizaban a través del sistema bancario, sin embargo aquí hay una ley de informática que establece que cuando tu manejas cierta información privilegiada o cierta información de los bancos y los clientes se configura un delito, y el tema es que estos imputados se aprovecharon de esto y estafaron a la víctima”.
El imputado recuperó su libertad tras ser formalizado, quedando con la medida cautelar de firma mensual en la Fiscalía de Pudahuel y arraigo nacional por el plazo para el cierre de la investigación que se fijó en sesenta días.