Las directivas provinciales de la Asociación Nacional de Funcionarios
Penitenciarios y de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de la
Provincia de Magallanes, se declararon en “estado de alerta” ante la
posibilidad cierta, de ser una vez más postergados en sus necesidades
inmediatas de aumento de dotación en Magallanes.
Un hecho que según los dirigentes, Ronald Zúñiga y Miguel Valdés, afectará
de manera significativa los intereses del personal al que estas asociaciones
representan. También recibieron el apoyo de la presidenta de la Anef, Jessica
Bengoa.
Los dirigentes realizaron un llamado a la autoridad del Servicio a no
olvidar que los perímetros de seguridad de las cárceles ubicadas en esta región
no cuentan con calefacción.
Estar apostados bajo las condiciones climáticas que caracterizan a
Magallanes, sin desmerecer a las demás regiones del país, provocan un desgaste
a la salud del personal irrecuperable en el tiempo y que no puede ser comparada
con el desgaste sufrido en alguna otra zona de Chile.
Para los dirigentes resulta impresentable que sus necesidades sean
inminentemente archivadas por parte de la Superioridad del Servicio, para una
mejor oportunidad, ignorando con dicho gesto que al día de hoy existen unidades
penales de esta región, tales como el Centro Privativo de Libertad , o el
Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales que realizan sus funciones
cubriendo sólo el cincuenta por ciento de seguridad perimetral, ante la falta
de personal suficiente que permita apostar centinelas en la totalidad de los puestos de vigilancia
existentes, con los riesgos para la sociedad civil, que dicha situación
conlleva.
Ronald Zúñiga anticipó que de no ser escuchados están dispuestos a
iniciar movilizaciones como medida de presión que pueden llegar a ser extremas.
No quieren ver a sus colegas declarando ante fiscales cuando se busca
establecer responsabilidades administrativas por posibles evasiones desde los
centros privativos de libertad, mucho menos tener que acompañarlos hasta los
Tribunales de Justicia por los mismos hechos, cuando la verdadera
responsabilidad en las evasiones que se han generado a la fecha en nuestra
región, recae única y exclusivamente en la autoridad competente que no ha
sabido entregar los recursos, tanto técnicos como humanos, con los cuales el
personal pueda realizar su función de manera óptima.
Si bien es cierto los números indican que la dotación de la región es
suficiente para la cantidad de privados de libertad que albergan las cárceles
magallánicas, no es menor señalar que estas cifras se caen por sí solas cuando
se consulta por funcionarios con menos de tres años de servicios, quienes en la
práctica son los encargados de realizar la vigilancia perimetral en calidad de
centinelas. Es ahí cuando se logra apreciar el déficit de funcionarios con los
que se cuenta, respecto a la cantidad de puestos de vigilancia que se deben
cubrir, indicó el dirigente.
A modo de ejemplo, señalan que en los últimos cuatro años la Unidad de
Servicios Especiales Penitenciarios de Punta Arenas, ha mantenido su dotación
sin variación alguna, en circunstancias que sus tareas tanto operativas como
administrativas han aumentado considerablemente, produciéndose un desgaste no
menor que ha llevado a varios de sus integrantes a tramitar cambios de
destinación voluntarios, con la finalidad de buscar mejores condiciones
laborales.
A esto suman la falta de vestuario y equipo para enfrentar la rutina
diaria, ropa de abrigo para los expuestos a la intemperie, ropa adecuada para
quienes están enfrentados a diario a la autoridad judicial y a la crítica de la prensa, vehículos aptos para
desplazamientos de cinco, seis horas y más, en condiciones adversas…, en fin
las necesidades son muchas, las peticiones reiteradas y las respuestas
efectivas, nulas.