Desde el primer momento en que se conoció este llamado a licitación, a través de la oficina parlamentaria se iniciaron las respectivas gestiones tanto a nivel regional como nacional, para impedir que este inmueble fuera traspasado en concesión, generando gran preocupación en las distintas agrupaciones que durante algunos años han ocupado este bien raíz, en el cual se torturó y se vulneraron los derechos humanos de muchas mujeres y hombres magallánicos.