Para lograrlo, planean recursos y movilizaciones que puedan aplazar o definitivamente estancar el proceso de tramitación de la reforma, que según sus propias declaraciones a DPA supone “una limitación de libertades y un recorte de derechos a las mujeres”. Con la nueva ley, considerada la más restrictiva de España en décadas, el aborto deja de ser un derecho y sólo quedará despenalizado en dos supuestos: violación y riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer.