Frenar y reducir la Tasa
de los contagios nuevos es sin duda el mayor desafío que enfrentamos
como País. Santiago vive momentos críticos para frenar los contagios y
todo hace proyectar que las siguientes semanas vivirá momentos
dramáticos.
En
este escenario el Gobierno opta por la política del garrote aumentando
las sanciones para aquellos infractores de las normas sanitarias, como
una forma de reducir los contagios. Todos concordamos que se necesita
una normativa que permita implementar una cuarentena efectiva, pero la
política del garrote y represión no colabora para frenar los problemas
de la emergencia, ya que los infractores representan menos del 1% de los
controlados por las autoridades fiscalizadoras. Por tanto, las medidas
para reducir significativamente la movilidad debe estar enfocada a esa
gran mayoría de chilenos, que pese a sus múltiples carencias, acatan las
medidas pero se siguen contagiando por razones sociales, laborales y
económicas.
Los
irresponsables por supuesto que deben ser sancionados porque ponen en
riesgo la salud de la población, pero para aquello el gobierno ya tenía
herramientas legales, medidas de control y medios para hacerlo. Aumentar
las penas de cárcel para aquellas personas irresponsables no ayuda
mucho, ya que los cambios conductuales son a largo plazo y la emergencia
es urgente y ahora.
Esta
nueva ley sólo debe ser aplicada a aquellos irresponsables que cometen
delito poniendo en riesgo la salud de la población y no aquellas
personas que por necesidad tienen que salir en busca de su sustento. Si
no se dan las condiciones para frenar la movilidad por razones sociales
se corre el riesgo de traspasar a la población la responsabilidad del
fracaso de una política de pandemia.
De
la experiencia magallánica en cuarentena sabemos que la mayor movilidad
es por trabajo y por tanto deben revisarse los permisos laborales y
dejar sólo los indispensables. Muchos empresarios irresponsables
disfrazan sus funciones para mantener sus locales abiertos obligando a
trabajar innecesariamente a su personal y a muchos de ellos a usar el
transporte público, un probable foco de contagio. Se requiere control y
fiscalización por parte del Gobierno, y responsabilidad y solidaridad
por parte de los empresarios.
El Ejecutivo y los Parlamentarios deben definir el objetivo de sus
medidas para obtener los resultados esperados. Santiago y los centros
urbanos donde se perdió el control de la tasa de contagio requieren
medidas eficientes para frenar la movilidad. En este sentido es
contradictorio legislar para penalizar a los irresponsables pero negarse
a apoyar decidida y oportunamente a quienes quieren quedarse en casa.
Es contradictorio negarse a auspiciar el proyecto ley que pretendía
ampliar el post natal. Es contradictorio negarse a aumentar la
cobertura y el monto del Ingreso Familiar de Emergencia y facilitar la
entrega del beneficio. Es contradictorio
negarse a fiscalizar, controlar y limitar al máximo los permisos de
trabajo en las áreas de cuarentena. Es este sentido, la política del
garrote parece más un sesgo ideológico que una medida efectiva.