El
miércoles de esta semana, fuimos testigos de una extensa declaración de
varios actores políticos, dirigentes sociales, vecinos y representantes
de la comunidad local de la Isla Navarino en la comuna de Cabo de
Hornos, en la cual acusaban el robo de 20cajas con canastas familiares
de ayuda social destinadas a familias vulnerables para enfrentar la
pandemia del COVID-19 y su consecuente crisis social.
La
carta expresa que aquella práctica obedece a un profundo y amplio
contexto de corrupción al interior de la Ilustre Municipalidad de Cabo
de Hornos, que ya lleva varios períodos edilicios, en el caso en rigor,
el imputado don Alejandro Barra sería nada menos que brazo derecho del
alcalde de dicha comuna, quien a través de irregulares procesos de
concurso público logró quedar en la planta de funcionarios como
beneficio al ser parte del núcleo duro del alcalde don Patricio
Fernández Alarcón.
Expresan
además los dirigentes políticos y sociales (entre ellos 4 concejales,
un consejero regional y la comunidad Yagán), que se ha cultivado el
nepotismo, y la rotación de cargos de planta en la Municipalidad de cabo
de Hornos, individualizando en la carta las relaciones familiares
existentes entre las jefaturas de la Municipalidad, recepción de
sobresueldos en el pago de horas extras, junto a la existencia de acoso
laboral y boicot a todos los funcionarios que se resisten a las
prácticas de corrupción al interior de dicha institución.
Así,
la cantidad de irregularidades y enquistamiento del poder en un pueblo
de apenas 2000 habitantes expresada en dicha carta es muy grave, y
requiere que sea tomada en gran consideración por los órganos de control
pertinentes, esto es el Concejo Comunal de Cabo de Hornos, la
Contraloría Regional, el Ministerio Público y el Gobierno Regional.
Revisada
la Página web de consulta de Contraloría General uno se puede encontrar
con que hay antecedentes que indican: “que la municipalidad ha
percibido aportes desde el Ministerio de Salud, desde 1998hasta la
fecha, aun cuando no posee ningún establecimiento de atención primaria
bajo su administración, y desde principios de 2012 cerró su área de
salud y comenzó a contabilizar dichos recursos en el área de gestión
municipal”, “Dirección de Control de la Municipalidad de Cabo de Hornos
no realizó auditorías relacionadas con los recursos asociados al
Departamento de Educación durante los periodos 2016 y 2017, incumpliendo
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades”. “Se comprobó que
la Municipalidad de Cabo de Hornos no ha cumplido a cabalidad con sus
funciones, toda vez que cuatro obras terminadas y una en desarrollo no
cuentan con sus permisos de edificación ni recepción definitiva” y así
sucesivamente, se pueden encontrar al menos 30 informes de auditorías e
investigaciones especiales y de seguimiento sólo en los últimos cuatro
años en la página web de consulta de la Contraloría en relación a la
Municipalidad de Cabo de Hornos.
Llama
poderosamente la atención qu haya sido necesaria una carta firmada por
varias organizaciones sociales, para que el desastre administrativo en
la comuna de cabo de hornos haya salido a la luz, a diferencia de lo
ocurrido por ejemplo, con la comuna de Timaukel, en donde el exalcalde
Atilio Gallardo Bustamante (Q.E.P.D.) fue imputado, arrestado,
condenado, destituido e incluso inhabilitado perpetuamente para el
ejercicio de cargos públicos por sólo celebrar un almuerzo relativamente
oneroso para consejeros regionales en Cameron.
No
quiero exculpar al fallecido exalcalde de Timaukel, pero pero como
operador jurídico y ciudadano me perturba profundamente cuando el brazo
de la ley pareciera no aplicarse con la misma severidad a todos por
igual.