Con fecha 30 de diciembre de 2010, el abogado procurador fiscal de Punta Arenas del CDE, le respondió al alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo que en relación a la consulta que efectuó para ver la posibilidad de comenzar a cancelar el incremento desde enero de 2011, en base al planteamiento denominado “oferta parcial sobre causa rol 823-2009” que elaboró el abogado de la Asemuchpa, a lo que Wilkendorf indicó que mientras no se adopte la decisión final o no se dicte sentencia firme y ejecutoriada en el juicio en cuestión, “y con el objeto de evitar consecuencias o sanciones de carácter administrativo y/o penales, no es posible ni procedente efectuar pago alguno a los funcionarios municipales por el concepto demandado”.
A su vez, el 24 de marzo de este año, el CDE otorgó la contestación definitiva a la consulta, confirmado que la entidad acordó “rechazar la proposición de transacción indicada”.
Con estos precedentes, el camino para llegar a un avenimiento no será fácil, puesto que además si el CDE accede a nivel local, resultaría factible que todas las municipalidades del país deban comenzar a cancelar el requerimiento, lo que significa el desembolso de miles de millones de pesos para el fisco.