No
se puede tirar la piedra y enconder la mano, dicho que parece ajustarse
al episodio que involucra la ministra de Medio Ambiente en relación a
los impuestos a los combustibles. Recordemos que la semana pasada la
ministra Rojas ratifica la propuesta de impuestos correctivos, que
incluyen combustibles, lo que causó una ola de comentarios que
provocaron que rápidamente la ministra corrigiera sus dichos. Sin
embargo, la piedra ya estaba lanzada, y las repercusiones terminaron
generando nuevos cuestionamientos a la agenda presidencial, en tiempos
en que la línea de flotación está en peligro.
Recordemos
que el programa de gobierno de Apruebo Dignidad propone aumentar los
impuestos a las gasolinas de 6 UTM a 7 UTM por metro cúbico, como una
forma de desincentivar el uso de combustibles fósiles y ayudar a
prevenir el cambio climático. Al respecto, el ministro Marcel al
presentar la Reforma Tributaria anunciaba 4 pilares: la reestructuración
del impuesto a la renta, medidas orientadas a reducir las exenciones
tributarias, un proyecto de royalty minero y la aplicación de impuestos
correctivos. En febrero el ministro ratificó estas iniciativas, y señaló
que estaban en preparación (aseveración que también hizo la ministra
Rojas). Es aquí cuando es importante explicar que los impuestos
Correctivos están enfocados por un lado en promover la preservación del
medioambiente y reducir emisiones (impuestos verdes), y por otro, el
desarrollo de una vida sana y un desarrollo territorial equilibrado,
incluyendo subsidios para promover conductas responsables (impuestos
saludables).
Los impuestos verdes buscar gravar los combustibles, plásticos y
automóviles, mientras que los saludables el alcohol, tabaco y bebidas
azucaradas.
Los
impuestos verdes no son nada nuevo; por ejemplo, la Presidenta
Bachelet, en su segundo mandato, aumentó los impuestos para las
emisiones fijas (industrias) y para fuentes móviles (vehículos), como
una forma de desincentivo a estos focos contaminantes, medida que ha
reditado buenos resultados. En esta línea, la institucionalidad
ambiental desde su origen se ha fundamentado en los principios del que
contamina paga y el de responsabilidad (remediar); es decir, pagar
impuestos altos por contaminar y hacerse responsable del deterioro
ambiental. Estas políticas públicas son ampliamente aceptadas y
aplicadas en muchos países de la OCDE. A esto se suma las metas de
descarbonización y el cambio de la matriz energética de la industria
nacional.
¿Cuál
es problema entonces con los dichos de la ministra Rojas? Que son
inoportunos dentro del actual contexto económico por el que atravesamos y
son totalmente ajenos al ámbito de acción de la ministra. Las
modificaciones impositivas las presenta y explica el ministro de
Hacienda, para sopesarlas y ponerlas en contexto, para relacionarlas con
otras variables como la inflación, para entender los beneficios o
equilibrios, para saber su gradualidad y entrada en vigencia. Anunciar o
insinuar el alza de impuestos a los combustibles seguramente pone en
jaque la estrategia de diálogo prelegislativo del gobierno y sin duda
genera un clima de rechazo
a la eventual medida. Seguramente no son tiempos para estos impuestos,
lo cual no significa que se descarten a futuro, considerando la
necesidad de reducir la combustión de gases de efectos invernadero.
Los
impuestos verdes deben ir asociados a una serie de otras políticas
públicas complementarias para que apunten a una transición justa. Chile
debe avanzar decididamente en reemplazar el uso de combustibles fósiles
en la industria y el transporte. Mientras se suben los impuestos a los
combustibles, se debe incentivar otras energías como el hidrogeno verde o
la electromovilidad. Es tarea de todos contribuir en disminuir la
contaminación y evitar las consecuencias del cambio climático global. El
camino es ineludible, sólo debemos asumirlo, adaptarnos y procurar una
transición en que la ciudadanía no pague las consecuencias.