De esta forma se detiene una inversión de 733 millones de dólares contemplada la planta.
Anteriormente, en mayo de 2012, tras un recurso presentado por grupos ecologistas y ciudadanos representados por la ONG Corporación Fiscalía del Medio Ambiente, la Corte Suprema ordenó dejar sin efecto su Resolución de Calificación Ambiental y obligó a la empresa a presentar estudios geográficos en el proceso de tramitación ambiental, según informó El Mercurio.