A este segundo proceso anual (en abril salieron 13 reclusos) postularon 64 personas, cifra que el máximo tribunal de justicia acotó a dieciséis, luego de revisar los antecedentes de cada interno.
Este es un beneficio carcelario que permite al delincuente terminar de cumplir la pena en libertad, después que logra demostrar un cambio real y que está apto para insertarse en la vida cotidiana. “La pena continúa, no se extingue la responsabilidad, pero la persona pasa a un medio libre bajo el control del Centro de Reinserción Social. Es decir, tiene que cumplir requisitos de buena conducta, tener un trabajo y no cometer ningún delito, porque el beneficio es revocable”, advirtió Soler.