La Ley 20.422 habla sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas en situación de discapacidad. El objetivo de esta es garantizar la igualdad de quienes se encuentran viviendo la discapacidad en forma transitoria o permanente para que se elimine cualquier tipo de discriminación hacia ellos y puedan ejercer en forma plena sus derechos.
Normalmente el enfoque que se le da a la discapacidad es desde el aspecto médico y no desde el aspecto de los derechos humanos basados en el principio de la igualdad de oportunidades como, por ejemplo, a la educación, la inserción laboral o el acceso al transporte público.
Respecto a este último punto, resulta simplemente indignante la noticia publicada hace algunos días por un medio de comunicación, en donde se da cuenta de un hecho lamentable y discriminatorio: una madre que esperaba tomar un bus junto a su hija en situación de discapacidad no fue subida “por un tema de seguridad” y dejada junto a la pequeña en la calle, en medio de la oscuridad y las bajas temperaturas.
Obviando la respuesta absurda que dio el gerente de operaciones de Vía Austral respecto a este caso puntual, la explicación de lo ocurrido pasa por el hecho de que los buses de la locomoción colectiva en Punta Arenas no cuentan con rampas o ascensores mecánicos que faciliten el acceso a las personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida, hecho que a todas luces es discriminatorio y que debe ser subsanado lo antes posible.
En esa línea, el 12 de julio de este año emití un oficio fiscalizador dirigido al Seremi de Transporte de Magallanes para recabar antecedentes respecto a la razón por la cual los buses no son inclusivos, esto en orden a realizar gestiones y propuestas que ayuden en algo a palear está indignante realidad.
Como parlamentaria, pero también como miembro de la ciudadanía, creo que debemos aunar voluntades y exigir más respeto por la diversidad; en este caso específico, trabajar intensamente para generar espacios inclusivos que sean para todos los ciudadanos, y no solo para algunos.
Según cifras entregadas por la Seremi de Desarrollo Social, el 24,2% de la población en Magallanes vive en situación de discapacidad; muchos de ellos intentan desarrollar una vida lo más independiente posible, sin embargo, cotidianamente se topan con múltiples barreras de índole social, laboral, comunicativas y también de accesibilidad.
Sin duda es un gran desafío para la actual administración y para nuestro gobierno, pero las prestadoras de servicios de transporte deben garantizar la inclusión de las personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida, esto no solo será un gran aporte a la inclusión, sino que, sobre todo, será una prueba irrefutable de que -más allá del papel- efectivamente se respeta el derecho de todos. Mientras eso no suceda, las personas en situación de discapacidad seguirán a merced de la buena voluntad de un conductor o de algún pasajero y así, en el transporte público magallánico viajarán solo los que puedan, no los que quieran.