Los argumentos de “contrario a derecho” y “grave perjuicio” no tuvieron efecto. El Tribunal de Contratación Pública (TCP) oficializó ayer una respuesta negativa al recurso de apelación interpuesto por el abogado que representa a la Municipalidad de Punta Arenas en el denominado “Caso Servitrans”, Francisco Pfeffer.
El recurso buscaba invalidar el decreto dictado por el TCP el 4 de abril pasado, en el que el órgano jurídico daba un plazo de 15 días corridos para retrotraer el proceso de licitación del servicio de recolección de basura domiciliaria de la comuna, otorgado a Servitrans en la administración comunal anterior. A la apelación, interpuesta el 10 de abril, el TCP respondió, simplemente, “no ha lugar”.
Pero no es el único frente de la batalla legal que lleva el municipio para dar cumplimiento al fallo. Ayer, tras una solicitud emanada del concejal José Aguilante, el Concejo Municipal se reunió con la División Jurídica del municipio para conocer detalles de la posición en que se encuentra la comuna frente al fallo de la justicia.
Tras la reunión, el mismo Aguilante dijo que el encuentro fue “clarificador” y dijo que espera que la instancia se repita, para mantenerse al tanto del proceso ante la justicia.
El concejal David Romo, dijo que “me queda mucho más claro. Mi preocupación era que no había información, pero hoy el asesor jurídico nos informó claramente”. Dijo que la ciudadanía “debe estar tranquila”.
No tan de acuerdo estuvo Julián Mancilla, quien dijo que salió de la reunión “con más dudas que con las que entré. Se está tratando de mantener la protección al contrato con Servitrans”.
Boccazzi, por su parte, sólo indicó que en el encuentro “se avanzó”.
La próxima semana, el alcalde y un grupo de concejales viajarán a Valparaíso y se evalúa hacer una parada en Santiago, donde podrían reunirse con el abogado Francisco Pfeffer para obtener más respuestas. El alcalde, no obstante, insistió ayer en que también habría una reunión en Punta Arenas.
En tanto, el ultimátum del TCP se cumple el 25 de abril próximo, aunque se argumenta que el municipio ya dio inicio al cumplimiento de la sentencia, al notificar a la empresa el 10 de abril pasado. Ello, como todo lo demás en este caso, está en tela de juicio.