El primero en expresar su opinión, fue el presidente (s) de la OCDS, Héctor Barría, quien calificó el informe como incompleto y con demasiadas imprecisiones.
Barría, además, comentó que el Estudio de Impacto Ambiental considera sólo 22 impactos negativos, calificados entre bajos y medios y dos positivos, los cuales están calificados como altos. (Generación de empleos y el aumento en la actividad económica en la región).
“Sorprende que sólo los positivos estén calificados como altos, y todos los negativos como medios o bajos”, dijo, agregando que las mitigaciones y compensaciones que propone la empresa son “escasas y pobres”.
Barría hizo un especial hincapié en los daños y molestias que provocará a los vecinos y turistas que deseen ir a Río Verde o isla Riesco, la gran cantidad de camiones y maquinarias que usarán la ruta que une Cabeza de Mar con el paso Ponsomby. “Aquí existe un peligro real para la seguridad de las personas ya que esa ruta no está preparada para la circulación de una gran cantidad de vehículos motorizados”, explicó.
Por otra parte, los vecinos consideraron que la intervención que se realizará al medio ambiente en una zona predominantemente ganadera afectará el sello verde con el que hoy cuentan los productos agrícolas de Magallanes.
“Tenemos principal preocupación en el aspecto ganadero por nuestras praderas libres de contaminación, por nuestros animales que se encuentran con certificaciones de calidad y con el sector Turismo que está en pleno desarrollo, y donde la comuna de Río Verde está calificada como una de las más hermosas del mundo”, reflexionó Héctor Barría, agregando que “debemos considerar que estamos hablando de una explotación de una isla donde no está planteado ni el tratamiento ni el enfoque integral del ecosistema”.
Parte del comunicado público que entregaron los integrantes de la OCDS dice relación con los daños que causará esta mina en la zona.
“Contaminación por material particulado, emisiones de CO2, contaminación acústica, contaminación caminera, contaminación por residuos líquidos, contaminación de aguas, entre otras. Es muy probable que se den las explicaciones de mitigación de lo planteado, pero difícilmente se puede predecir el daño que se va a producir, y lo más importante, ¿tendremos a alguien de la empresa que en ese entonces dé la cara y se responsabilice por ello?”, sostuvieron.
En el esfuerzo que está realizando esta organización, se incorporó como asesor legal el abogado especialista en temas medioambientales, y de gran prestigio a nivel nacional, Fernando Dougnac.