Con estricta reserva de acciones. Esas eran las palabras que la empresa
encargada de la administración de Zona Franca, la Sociedad de Rentas
Inmobiliarias (SRI), escribía al final de cada oficio, cada vez que se pagaba
una de las multas que la Intendencia de Magallanes cursó por diferentes
motivos.
Esas palabras no faltaron en los dos cobros relacionados con la no
construcción de un rodoviario, que era parte de los compromisos del contrato
original y que, finalmente, terminó siendo reemplazado por otras obras de
infraestructura en una modificación al contrato original. Por ese motivo, la
concesionaria pagó dos montos millonarios: 1400 UF que cobró el ex intendente
Arturo Storaker en 2013 y otras 1.900 UF bajo la administración de Claudio
Radonich.
Las acciones que se reservaban terminaron por concretarse. Este lunes, SRI
presentó su primera demanda en contra del Fisco de Chile por lo que considera
“multas improcedentes”. Con la
presentación ante Tribunales, la empresa busca que se restituyan los pagos
efectuados.
A las 3.300 UF cobradas durante las administraciones anteriores, se suman
otras 400 UF cobradas bajo el mando de Jorge Flies Añón.
Los cobros del actual Gobierno se relacionan con el retraso en las obras
que, en la modificación al contrato, reemplazaron al rodoviario: la ampliación
del módulo central para nuevos locales comerciales, un bowling y un cine, entre
otras.
Mientras la Intendencia sostiene que los trabajos debieron estar terminados
en agosto de 2014, SRI ha argumentado que el permiso de demolición del antiguo
edificio de la administración -paso necesario para el inicio de las obras- no
fue concedido sino hasta marzo pasado, por lo que el plazo se extendería hasta
agosto de 2015.
Sobre el tema, el intendente Jorge Flies manifestó ayer que “dentro de lo
que es el atraso de la construcción, ellos han tomado procedimientos y han
pedido una prórroga. Estamos evaluando. De todas maneras, estamos procediendo a
cobrar la multa correspondiente al mes de enero”.
La nueva multa, de 100 UF, concretaría un total de 500 UF cobradas bajo el
mando de Flies; a ese ritmo, en julio se concretarían 1.000 UF en multas en un
período de menos de un año, lo que el contrato considera una falta grave y que
podría determinar la extinción del contrato.
Al respecto, SRI presentó un recurso de reposición ante la Intendencia, con
el que busca detener el cobro de las multas mensuales por el retraso de las
obras.