En su alocución durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos,
expresó que “me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en
barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en
un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de
junio a agosto, llegando a más de 2,000 muertes desde enero de 2020”.
Destacó
sin embargo las detenciones de 5 integrantes de las Fuerzas de Acción
Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos
personas en Zulia el 21 de agosto. “Las declaraciones públicas del
Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado
por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya
neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la
evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento”, detalló.
Además, otros 70 funcionarios de la misma división han sido imputados recientemente según el Ministerio Público del país.
Por
otro lado, también apuntó contra el Tribunal Supremo de Justicia
venezolano, por sus decisiones “que obstruyen la libertad de selección
de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no
consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), así
como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de
selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los
cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional
sin un proceso inclusivo de consulta previa”.
Instó a continuar
la liberación de personas “que siguen privadas arbitrariamente de
libertad por ejercer sus derechos” y a avanzar en “la construcción de
acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos
electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos”, de cara a las
prontas elecciones parlamentarias en Venezuela, denunciadas por la
oposición como fraudulentas.