Un
exguardia de 94 años del campo de concentración Nazi de Sutthof, en
Polonia, es juzgado a partir de este martes en Münster, Alemania, por
complicidad en cientos de asesinatos, un caso con un peso simbólico y moral.
El alemán, residente en Münster, está acusado de haber servido entre
junio de 1942 y septiembre de 1944 en ese campo, situado a 40 kilómetros
de Gdansk.
La fiscalía no divulgó la identidad del acusado, quien,
según el diario Die Welt, sería un paisajista jubilado llamado Johann.
La audiencia de ayer estuvo dedicada a la lectura del acta de acusación,
según la prensa alemana.
“Tenía
entre 18 y 20 años en el momento de los hechos. Como vigilante,
custodió el campo, las vallas, las torres de vigilancia” mientras que
cientos de personas eran “gaseadas, fusiladas y torturadas de hambre”
allí, indicó a la AFP el fiscal de Dortmund, Andreas Brendel.
El acusado
tenía “conocimiento de todos los métodos para matar” y por eso fue
cómplice del “asesinato de cientos de personas”, aunque no participara
en ellos directamente, precisa el acta de acusación. Según Die Welt, el
nonagenario negó ante la policía, en agosto de 2017, haber estado al
corriente de las atrocidades que se cometían en el campo y afirmó que
los soldados también padecían de la escasez de alimentos.
En Stutthof,
primer campo de concentración nazi establecido fuera del territorio
alemán a finales de 1939 y uno de los últimos en ser liberado por los
aliados, en mayo de 1945, 65.000 de los alrededor de 110.000 deportados
murieron, según el museo Stutthof de Sztutowo. Controlado por las SS y
auxiliares ucranianos, primero sirvió para la detención de prisioneros
de guerra y opositores polacos, noruegos o daneses, antes de que los
judíos de los países bálticos y Polonia, esencialmente mujeres, fueran
deportados allí a partir de 1944 en el marco de la “solución final”
nazi.
“Estoy
muy agradecido por la celebración de este juicio, nadie en mi familia
creyó que fueran posibles acciones judiciales. Para mí, que soy de la
tercera generación, es muy importante”, dijo Ben Cohen, nieto de Judy
Meisel, una deportada del campo. Desde su liberación, menos de un
centenar de miembros del personal del campo, de los más de 2.000, se han
enfrentado a la justicia, principalmente en Gdansk y en la ex RFA,
según el museo.
Cuestión moral
Las
audiencias tendrán lugar “en un día, durante dos horas como máximo”,
para que el acusado pueda estar “en buena forma física”, según el
fiscal, también responsable de investigaciones de crímenes del
nacionalsocialismo en Renania del Norte-Westfalia. Será juzgado hasta
enero como mínimo por un tribunal para menores, puesto que tenía menos
de 21 años cuando ocurrieron los hechos.
El
acusado enfrenta una pena máxima de 15 años de cárcel. Para Brendel, la
pena importa poco, puesto que se trata, sobre todo, de “una cuestión
jurídica y moral”. “Alemania les debe a los familiares y a las víctimas
de los crímenes del nacionalsocialismo que se investiguen, todavía hoy,
los hechos
y perseguir esos delitos”, sostuvo el fiscal.
Desde
2011, una nueva jurisprudencia permite abrir diligencias por
“complicidad de asesinato” contra quienes participaron en el
funcionamiento de los campos. Hasta entonces, solo podían ser procesados
los sospechosos directamente implicados en los asesinatos de los deportados.