Lourdes
Rosales agonizó durante un mes en una clínica privada de Guayaquil, el
centro de la pandemia en Ecuador. Contrajo el nuevo Coronavirus, pero no
pudo tratarse en el saturado sistema público de sanidad. Detrás de su
muerte asoma la ruina para su familia.
En el tiempo que Lourdes estuvo luchando, la cuenta trepó hasta los 51 mil dólares. Finalmente, falleció el 21 de abril.
Cuando
su hijo Gustavo Ycaza, universitario y empleado bancario de 26 años,
quiso retirar el cuerpo recibió una respuesta indolente.
“Me
dijeron que hasta que no pague la cuenta no me darían el cuerpo de mi
madre. Imagine, después de tanto dolor, que te digan eso”, cuenta a la
AFP.
Ycaza, soporte
de una familia de cuatro miembros, ya había exprimido sus tarjetas de
crédito y acudido a allegados para que su madre siguiera recibiendo
atención. Logró cubrir 21.500 dólares.
Y
aunque el esfuerzo fue en vano debió endeudarse todavía más. Firmó un
pagaré por 29 mil dólares con vencimiento en septiembre para llevarse el
cadáver. “No sé de dónde sacar plata porque el sueldo que ingresa va
para pagar tarjetas reventadas”, dice.
La
Defensoría del Pueblo en la provincia de Guayas, a la que pertenece
Guayaquil, recibió en tanto cinco llamados de auxilio de pacientes que
fueron retenidos en clínicas.
“La
única manera para privar la libertad a alguien por deuda es por pensión
alimenticia y con orden judicial. En todos los casos, las clínicas han
acatado porque les advertimos que podemos interponer un recurso de abeas
corpus”, señala Mirelli Icaza, delegada del organismo.
Al
final los enfermos han salido firmando pagarés. “Sé que hay más casos y
parece una práctica generalizada”, añade la funcionaria, sin parentesco
con Gustavo.
Ycaza, para hacer frente a las deudas, organizó una campaña de donaciones por internet con la que reunió 4.400 dólares.
Un
día de hospitalización en un centro privado ronda entre 400 y 800
dólares, mientras un salario básico mensual es de 400 dólares. En
cuidados intensivos, adonde llegan muchos pacientes de covid-19, la
internación cuesta entre 1.500 y 2.500 dólares.
Belén
Castro corrió mejor suerte que Ycaza. Su padre y hermana sobrevivieron
al contagio, pero esta comunicadora de 31 años quedó con una deuda de 12
mil dólares, con un agravante: perdió su empleo en el servicio de aduanas.
Para
salvar a su padre, un jubilado de 69 años, acudió a la atención privada
tras esperar infructuosamente por una cama en un hospital público.
Después
de que Carlos fuera llevado a una clínica exclusiva de Guayaquil,
Eunices, su hermana de 39 años, también cayó enferma. “Improvisamos un
hospital dentro de la casa, con oxígeno”, relata Castro.
Mientras
tanto, se disparaban los costos en la clínica. “El doctor nos dijo que
mi papá no debería recibir el alta, pero consideró que nos lo llevemos
porque los gastos se estaban haciendo impagables”, recuerda.
El médico Roberto Gilbert, propietario de la clínica privada
Guayaquil -ajena a las historias aquí narradas- sostiene que la
Covid-19 es una enfermedad de alto costo: “El oxígeno es caro, la hora
del respirador (mecánico) es cara, la hora de personal es cara. Atienden
enfermeras especializadas y médicos intensivistas”.
Ycaza, entretanto, ve con desesperación el futuro. “No sé qué hacer (…) Jamás imaginé que la enfermedad de mi madre iba a durar tanto y sería tan costosa”.