El
expresidente de Ecuador, Rafael Correa, reclamado por la justicia de su
país, presentó en junio una solicitud de asilo en Bélgica, país donde
reside junto a su familia desde 2017, cuando dejó el poder en Quito.
Esto, luego de que la justicia ecuatoriana decidiera el miércoles llamar
a juicio a quien fuera Mandatario de 2007 a 2017 por su presunta
vinculación en el intento de secuestro del exdiputado suplente Fernando
Balda en Colombia, el 2012, que la policía colombiana frustró.
Como
informa Emol, Correa niega cualquier implicación en los hechos y acusa a
su vicepresidente de 2007 a 2013 y actual jefe de Estado, Lenín Moreno,
de orquestar un complot en su contra. Sus consejeros jurídicos en
Bélgica denunciaron en septiembre ante el relator especial de la ONU
sobre la independencia de jueces, fiscales y abogados, el peruano Diego
García-Sayán, una “persecución judicial” contra Correa “por cuestiones
políticas”.
El exmandatario presentó una solicitud de asilo en Bélgica
en junio, días antes de que la justicia de su país emitiera una orden de
arresto nacional e internacional contra él, según pudo saber la AFP. De
acuerdo a una fuente próxima al caso, la solicitud se presentó el 25 de
junio y la Comisaría General para los Refugiados y Apátridas (CGRA) la
examina desde el mes de agosto. Otra fuente confirmó que Correa ya fue
escuchado una primera vez para defender su solicitud.
Contactada por la
AFP, la CGRA rechazó confirmar la información y explicó que el
tratamiento de una solicitud toma en general “tres meses de media”,
aunque hay algunos que “pueden tomar mucho más tiempo”. Rafael Correa,
en una entrevista con la AFP este jueves, sostuvo que todavía no había
tomado una decisión acerca de un pedido de asilo en Bélgica y se dijo
víctima de “un acoso judicial terrible” en su país.
En
Bélgica, país de donde es oriunda su esposa y donde realizó parte de
sus estudios universitarios, existen dos tipos de protección
internacional: el estatuto de refugiado y el de “protección
subsidiaria”. Este segundo estatuto es para aquellas personas que están
en una “situación en la que el regreso a su país de origen representaría
un riesgo real de daños graves”, subraya en su página web la Agencia
Federal para la Acogida de los Solicitantes de Asilo (Fedasil).