La estrategia del Gobierno para desactivar la crisis de los “chalecos amarillos”

Sosegado
por la caída de la movilización de los “chalecos amarillos” durante el
fin de semana, que se manifestaron por quinto sábado consecutivo, el
Gobierno francés comienza una carrera contrarreloj para implementar las
medidas anunciadas por Emmanuel Macron y lanzar una gran consulta con la
esperanza de poner fin a la crisis.

Entre
tanto, en las rotondas de las carreteras del país ocupadas por los
“chalecos amarillos”, estos temen ser evacuados por la fuerza en los
próximos días. El Ejecutivo lo pidió expresamente. El ministro de
Interior, Christophe Castaner, dijo que ya era suficiente, que los
“chalecos amarillos” deben dejar las rotondas. “¡Ya basta!”, dijo
Castaner.

El presidente de la Asamblea, Richard Ferrand, del partido de
Macron, habló de la posibilidad de enviar a la policía antidisturbios
para “liberar el espacio público”. “Si el gobierno hace eso es que no
entendió nada”, dijo en respuesta un portavoz de los manifestantes,
Pierre-Gaël Laveder, de Saône-et-Loire (centroeste de Francia). La noche
del domingo hubo incendios en varias instalaciones de autopistas del
sur de Francia. Desde hace semanas, los peajes y otras instalaciones
están siendo dañados. El lunes por la mañana la empresa Vinci, que
gestiona las autopistas, dio cuenta de menos manifestaciones pero aclaró
que algunos cruces seguían perturbados, incluso algunos cerrados.

“No
podemos seguir paralizando la economía francesa, paralizar el comercio
de nuestros pueblos, nuestras ciudades”, dijo el ministro de Interior.

Philippe
insistió en Les Echos que recibió “el mensaje de los franceses: quieren
que vayamos más rápido sobre el poder adquisitivo asociándolos aún más a
las decisiones”. Así, presentó a grandes rasgos las medidas con las que
el Gobierno espera poner fin a la crisis desatada hace un mes.

Entre
ellas un aumento de 100 euros mensuales para los trabajadores que ganen
el salario mínimo, la defiscalización de las horas extras o la exención
de un aumento de impuestos para algunos jubilados.

Estas medidas tendrán
un costo de “10.000 millones de euros” para las arcas públicas, y harán
que el déficit alcance en 2019 el 3,2% del PIB, según las autoridades.
Para atenuar su impacto en el Tesoro, el Ejecutivo decidió aplazar un
año una reducción impositiva a las empresas que iba a aplicarse en 2019.

La medida se aplicará no obstante a las empresas que facturen menos de
250 millones de euros anuales. Estas medidas serán presentadas en forma
de proyecto de ley el miércoles en el Consejo de Ministros, antes de
pasar a la Asamblea el jueves y al Senado el viernes. El Gobierno espera
que las dos cámaras las aprueben y que puedan aplicarse a partir del 1
de enero.

El Presidente Macron reunirá por su parte el martes a sus
ministros y a representantes económicos para organizar una gran ronda de
debate nacional, anunciada en el marco de las medidas para responder a
la crisis. Estas consultas, que deben durar dos meses y medio, tratarán
grandes temas como la transición ecológica, la fiscalidad, la
organización del Estado, la democracia y la ciudadanía y también la
inmigración.

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