El
Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó ayer la primera resolución
de su historia sobre Venezuela, en la que insta al Gobierno de ese país
a aceptar ayuda humanitaria internacional para paliar la escasez de
alimentos y medicinas que afecta a la población.
En un gesto político
firme hacia el gobierno del Presidente Nicolás Maduro por parte de este
órgano intergubernamental, creado en 2006, 23 países votaron a favor de
la resolución, siete en contra y 17 se abstuvieron.
El
embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la
resolución y la consideró “el comienzo de una escalada intervencionista”
para conseguir la caída del Gobierno y “establecer un mecanismo de
tutela” foráneo sobre Venezuela.
Acusó a los países que promovieron la
resolución de ser instrumentos de Estados Unidos e Israel en contra de
su país. Las anteriores tentativas de introducir el caso de Venezuela en
la agenda del Consejo habían fracasado, pero esta vez el llamado “Grupo
de Lima” (compuesto por países del continente americano que buscan un
cambio de rumbo del gobierno venezolano) consiguió este objetivo.
En
nombre de una decena de países latinoamericanos patrocinadores del
texto, el embajador de Perú, Claudio de la Puente, dijo que había
llegado el momento de que el Consejo atienda a una situación que ha
provocado el éxodo de unos dos millones de venezolanos que han buscado
acogida en otros países de la región. Aseguró que el propósito de esta
iniciativa era “dar voz a millones de venezolanos que padecen una crisis
humanitaria” y que de ninguna manera tenía un ánimo de injerencia. La
resolución aprobada recuerda que la falta de alimentos, fármacos y
suministros médicos han dado lugar a “un aumento de la malnutrición”.
Asimismo,
alerta del riesgo del brote de enfermedades que habían quedado
erradicadas o bajo control en Sudamérica.
El Gobierno venezolano ha
rechazado una y otra vez cualquier tipo de ayuda humanitaria, en
particular de países occidentales, por considerar que esto podría ser
utilizado como pretexto para una intervención militar exterior.
En ese sentido, valora el informe que a ese respecto presentó en junio pasado la Oficina
del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que
denunciaba un patrón de presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de
la fuerza, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas
de seguridad. También advertía que la impunidad es generalizada, por lo que consideraba oportuno una mayor implicación de la Corte Penal Internacional (CPI).
Mientras tanto, la resolución
aprobada ayer en Ginebra solicita a la alta comisionada de la ONU para
derechos humanos, Michelle Bachelet, que prepare un nuevo informe
exhaustivo sobre la situación en Venezuela y que se lo presente en junio
de 2019.