La magistrada impulsó una mediación entre las partes a cambio de que
los trabajadores dejaran liberada una mano de la ruta provincial.
Pero, justificando la ausencia a la reunión mediante una nota del
gerente de Operaciones de YCRT, Miguel López, la empresa informó a la juez que
no se presentaría a la audiencia, al tiempo que también puso en el tapete las
amenazas recibidas por el interventor, Omar Zeidán.
Esto provocó la indignación de los trabajadores despedidos que optaron
por volver a bloquear la Ruta complementaria Nº 20 que sirve de acceso a Río
Turbio y une la localidad con 28 de Noviembre.
Hasta ayer –señala el Diario La Opinión Austral- sólo dejaban pasar
los transportes escolares, ambulancias y autos particulares con certificado
médico de urgencia. “El temor es que si esto se prolonga en el tiempo haya
desabastecimiento, no sólo de alimentos sino también de medicamentos, al no
dejar pasar el transporte de carga” indicó a LU12 Radio Río Gallegos el
periodista Luis Barrionuevo de FM Tiempo.
En esa reunión con la juez Romina Frías, el gremio ATE también hizo
constar las amenazas que habría recibido el delegado normalizador Cristian
Oliva, señalando que recibió mensajes de texto con intimidaciones del mismo
tenor a las que recibió Omar Zeidán, y recalcando que, pese a ello, se hizo
presente en la audiencia de mediación, cosa que la empresa se negó.
Oliva realizó las denuncias pertinentes en la Justicia y ahora se
encuentra realizando el corte de ruta y a la espera de una nueva reunión con la
intervención del yacimiento.