La
oración “vamos a realizar un sumario sanitario” se ha repetido en boca
de las autoridades cada vez que una persona viola las normas de
cuarentena, ya sea esté o no infectado con Coronavirus.
Poco
conocido en su alcance, se trata de una investigación administrativa en
contra de quien infringe las normas del Código Sanitario y la lleva a
cabo -de manera exclusiva y excluyente- la Secretaría Regional
Ministerial (Seremi). En este caso, para quienes han pasado por encima
de la orden que busca evitar que el Covid-19 se propague por la zona,
región o país.
En
las últimas semanas ejemplos sobran. Uno de ellos lo protagonizó un
joven en el sector oriente de la capital que hizo una fiesta afectado
por la enfermedad, al igual que una pareja que concurrió al
supermercado, otro que viajó en un avión al sur de Chile, una doctora
que concurrió al mall Alto Las Condes, entre otros. El más reciente, el
de los empresarios José Manuel Urenda y Cristóbal Kaufmann, quienes
viajaron hasta Cachagua en helicóptero donde poseen una segunda
vivienda.
Todos,
además, enfrentan la investigación penal del Ministerio Público que
invoca el artículo 318 del Código Penal, que pena con un máximo de 541
días a quien “pone en peligro la salud pública”. Asimismo establece un
monto a pagar de seis a veinte unidades tributarias mensuales. A precio
actual, una suma superior al millón de pesos. A esto se suma el sumario
sanitario.
Respecto
de este último, aunque se trate de un área administrativa, lo cierto es
que nadie se libra de la acción del fisco ni menos de la multa de la
seremía, que puede llegar hasta las 1.000 UTM, poco más de $50 millones.
Actualmente no existe una escala o rango para determinar la sanción y todo queda a criterio del juez sanitario o abogado fallador, que puede aplicar el mínimo o el máximo, dependiendo de las características que rodearon a la infracción.
Para
los reincidentes la multa puede duplicarse respecto a la primera. Y si
hay una falta también, hasta llegar como máximo a las 1.000 UTM por cada
uno de los expedientes sancionatorios que tienen un límite de cuatro.
Quien
no pague la sanción pecuniaria se arriesga a que el Consejo de Defensa
del Estado (CDE) lo persiga en juicio en los tribunales civiles. El
organismo suele perseguir la responsabilidad pecuniaria hasta la Corte
Suprema. Si el multado pierde en esta última instancia, el CDE busca el
remate de propiedades o bienes para cancelar el monto aplicado por la
Seremi.
(Radio Bío Bío).
Los montos en caso de una pena económica llegan hasta los $50 millones e incluso con penas de cárcel máxima de 541 días.