En medio del seminario sobre financiamiento compartido que organizó el Centro de Políticas Públicas de la U. Católica, el presidente de la consultora educacional Aptus, Tomás Ariztía, criticó la Reforma Educacional que ingresó el Gobierno la semana pasada.
Según el experto, esta reforma no aporta a la calidad y el tema que más le preocupa es el fin del financiamiento compartido “ No es necesario eliminarlo (…) como el proyecto aumenta los recursos a $ 100 mil, por ejemplo, de mantenerse el copago podríamos llegar a $ 120 mil por alumno”.
Ariztía piensa que el riesgo es que varios establecimientos se retiren del sistema. Se trataría de más de “150 colegios”, según precisó, los que son con fines de lucro y que cobran entre $ 40 mil y $ 84 mil mensuales a los padres.
El proyecto establece congelar el máximo de copago permitido y, paralelo a esto, aumentar la subvención escolar preferencial (SEP) y crear un aporte para recompensar la gratuidad. “Me van a mantener en pesos el ingreso de mensualidad tope, pero estoy obligado a reajustar los sueldos por ley todos los años, en función al sector público. En la práctica, están haciendo que los recintos se coman la inflación más el reajuste al sector público. Si haces el ejercicio, estos colegios en un plazo de tres a cuatro años estarán quebrados, porque los costos son mayores a los ingresos”, explica Ariztía.
Esta opinión no fue compartida por el académico de la U. Diego Portales Gregory Elacqua, quien señaló que es difícil calcular efectivamente cuántos colegios podrían cerrar o transformarse en particulares pagados. “Según nuestros cálculos, entre 1998 y 2008, 105 recintos se transformaron en subvencionados, porque no encontraron mercado en el sector particular”.
Sin embargo, Ariztía insistió y señaló que otro de los problemas que trae el término al copago es que se pone en riesgo el proyecto educativo de cada establecimiento.