Se trata del jurista Mauricio Larraín Muñoz, que el
pasado 4 y 5 de marzo defendió a Patricio Santos, Rodolfo Dubó y Camilo Cruz,
actualmente en prisión preventiva.
En la audiencia de comunicación de cargos se
explicó que Santos le traspasó al abogado un automóvil marca Ferrari, que se
encuentra incautado junto a otros artículos de lujo por orden del Ministerio
Público, que asegura fueron adquiridos con dinero de origen ilícito.
Fuentes de Radio Bío Bío confirmaron que Mauricio
Larraín fue requerido por el ente persecutor para interrogarlo en calidad de
imputado. La cita se concretó la semana pasada en dependencias de la Fiscalía
Oriente, pero el indagado optó por su derecho a guardar silencio.
Además este medio tuvo acceso a un documento
firmado el pasado 18 de marzo, por la jueza del Octavo Juzgado de Garantía de
Santiago, Ely Rothfeld. En el escrito se indica el patrocinio y poder que asume
el abogado Carlos Espinoza en representación del “imputado” Mauricio Larraín
Muñoz.
En esta causa los fiscales de Alta Complejidad,
Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, buscan acreditar el lavado de activos que en
este tipo de causas busca blanquear el origen ilícito de los dineros usando
habitualmente a terceros o testaferros a quienes se traspasan los bienes.
Hace dos semanas, al término de la formalización,
el abogado defensor en esta causa y que ahora ostenta la calidad de “imputado”,
fue consultado sobre el antecedente entregados por la fiscalía respecto al
traspaso del Ferrari.
En la carpeta investigativa, el traspaso del
vehículo figura como otra más de las operaciones que Dubó, Cruz y Santos
desplegaron para dar una apariencia de legalidad a todos los movimientos que hicieron
con el dinero producto de la estafa a la que sometieron a sus clientes.
Según el Ministerio Público, el Ferrari en
cuestión, placa patente CZJV 17, fue adquirido el 28 de abril de 2015 por
Patricio Santos. Sostienen que el traspaso al abogado Mauricio Larraín se concretó
el 12 de enero de 2016.
Hasta el momento la Fiscalía sólo ha logrado
recuperar bienes incautados -como los vehículos de lujo de Santos- junto a 150
millones de pesos. El objetivo del Ministerio Público es dar con el dinero de
las víctimas, el cual supera los $67 mil millones.