La
primera carga llegó a Arica en 1984. Fue idea de la empresa chilena
Promel, que comenzó a importar desde Suecia desechos industriales
caratulados como “barros con contenidos metálicos”, desde los que
esperaban obtener oro y plata.
Lo hicieron durante cinco años, llegando a
acumular más de 20 mil toneladas. Resultaron ser otra cosa: sustancias
ricas en plomo, mercurio y arsénico, que al poco tiempo la firma
desistió de procesar. Los desechos quedaron a las afueras de la ciudad,
detrás de las panderetas de un lugar que comenzó a conocerse como Sitio
F.
Los
problemas de salud en la comunidad se volvieron recurrentes, sobre todo
las dificultades cognitivas de los niños que allí crecieron.
Gracias al
movimiento social, los desechos fueron trasladados en 1998, pero ya era
demasiado tarde: las personas los habían usado para rellenar sus
terrenos, y la exposición había sido prolongada. El conflicto, que
escaló hasta la Corte Suprema en 2007, culminó con la generación de un
programa de intervención integral, gestionado de forma directa desde el
Gobierno central, que se transformó en ley en 2012 y que se conoce
popularmente como la “Ley Arica”.
A seis años de su promulgación, la Ley
Arica recobró importancia este miércoles, cuando el diputado Pablo Kast
(Evópoli) presentó en el Congreso un proyecto de acuerdo que tiene como
objetivo algo similar: lograr una Ley Quintero y Puchuncaví, que se
haga cargo de revertir y compensar los efectos de la contaminación en el
sector luego de los episodios tóxicos que la afectaron.
Leyes a medida
La
Ley Arica tuvo como objetivo “establecer un programa de acción en las
zonas o terrenos específicos con presencia de polimetales” en la comuna,
con medidas dirigidas a los habitantes afectados, especialmente en
cuanto a reparación.
Ellas abarcaron los ámbitos de la salud, educación,
vivienda y medio ambiente.
También
se realizaron mejoramientos de barrios, se entregaron subsidios
habitacionales especiales, se relocalizaron familias y se realizaron
múltiples estudios ambientales y de salud.
“Este plan, que se tradujo en una serie de propuestas y exigencias tanto para
enfrentar las emanaciones a futuro como reparar lo que ya existía, tuvo
la continuidad que tiene una ley y no estuvo sujeto al sistema de
reglamentos y normas técnicas que tiene la legislación ambiental, ni se
modifican o ablandan con los gobiernos de turno”, explica Kast, quien
presentó el proyecto con apoyo de la UDI, RN y la DC. Si bien mira la
Ley Arica como un referente, el parlamentario señala que cada ciudad
tiene una problemática distinta que se debe atender de manera
específica.
“Es un referente que tuvo éxito porque tuvo continuidad en
el tiempo. Todas las leyes que hagamos, porque hay parlamentarios que
han planteado hacer una ley de Coronel, deben
ir tratando de replicar este modelo, pero cada una tiene que hacerse a
medida. Cada zona de sacrificio tiene sus propias condiciones y
características”, señala.
Una solución para otras generaciones
Para
el académico del Laboratorio de Química Analítica y Ambiental de la U.
Católica de Valparaíso, Waldo Quiroz, la situación que enfrenta la zona
es tan compleja que pone en duda que una ley como la que se aplicó en
Arica termine de solucionar los problemas.
“No existe una solución
factible para la gente, y soy tajante en decirlo, porque aunque las
empresas se podrían regular más, incluso cerrar, esa zona tiene un suelo
contaminado, los sedimentos, los vegetales. Y esa contaminación va a
durar décadas”, explica a Emol.