Cuando se cumplen 29 días desde que comenzó el paro del servicio
público, este mediodía se registró el primer acercamiento entre los
trabajadores movilizados con representantes del Ministerio de Justicia.
La idea del Ejecutivo era solucionar el conflicto mediante una
propuesta donde se contempla incentivos para los trabajadores y mejoras
salariales para 2017. Sin embargo, los asesores no lograron encontrar
puntos de acuerdo con los funcionarios.
Según señaló la dirigenta Nelly Díaz, las bases a lo largo del país decidieron continuar movilizados.
Díaz explicó que el Ejecutivo “cerró las puertas” a implementar un
bono por el cumplimiento de metas sobre la cantidad de atenciones
realizadas por cada funcionario y que la propuesta es incrementar el
actual bono asociado a las evaluaciones de calidad del servicio.
“Hemos decidido que para el 2017 nos abrimos, en eso estamos de
acuerdo (…) pero hasta el momento no tenemos un instrumento ni tenemos
un monto, y al no tener ni un instrumento ni un monto de este reajuste
se votó en todas las regiones, que decidieron continuar el paro, por lo
tanto seguimos mañana el paro indefinido”, sostuvo.
Además, reprochó la ausencia del Ministerio de Hacienda en
las conversaciones, lo que está dentro de sus exigencias. Esto, puesto
que dicha cartera es la que define la asignación de recursos, por lo que
a su juicio debe estar presente en las negociaciones.
Pese al fracaso, la dirigente aseguró que seguirán dialogando con las autoridades, descartando poner algún plazo perentorio.
Respecto a las medidas de contingencia implementadas por el Gobierno,
Díaz hizo un descarnado balance apuntando a que “prometieron mil
pasaportes y entregaron 100, porque están trabajando con gente que no es
experta”
Consultada por el apoyo de la Asociación Nacional de Funcionarios
Públicos (ANEF), la dirigenta señaló que espera que mantengan su palabra
de concretar un paro nacional para este miércoles.
Solo minutos después de las declaraciones de la dirigente, los ministros Javiera Blanco y Marcelo Díaz, salieron a defender la propuesta del Ejecutivo, asegurando que, hasta ese momento, no habían sido notificados de manera oficial de la continuidad del paro.
Hasta la semana pasada, de los 85.000 trámites que se realizaban cada
día en el Registro Civil, se efectuaban sólo unos 7.000 por día, con
largas filas de usuarios apostados por horas en las afueras de las
distintas oficinas.
Los funcionarios, encargados de realizar trámites como la obtención
de cédulas de identidad, inscripción de vehículos, de recién nacidos y
la celebración de matrimonios, exigen la obtención de un bono que
afirman les fue prometido por antiguas autoridades de la repartición.
La paralización arrancó el 29 de septiembre pasado y ha sido calificada por el gobierno de “ilegal”.