Cuatro
meses de negociación en que se desarrollaron dos mesas de trabajo, una
liderada por la exdirectora de Gendarmería Claudia Bendeck, y luego por
el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa. Nada de ello fue
suficiente para satisfacer las demandas de los gremios penitenciarios,
quienes quebraron las conversaciones con el gobierno y anunciaron un
paro nacional a partir del lunes.
Al
mediodía de ayer, los uniformados agrupados en el Frente de
Trabajadores Penitenciarios se reunieron con las autoridades en las
instalaciones de la Dirección Nacional del servicio, con el propósito de
conocer la propuesta con que el Ejecutivo respondería a sus exigencias.
Luego
de tres horas de reunión, el resultado quedó de manifiesto rápidamente
una vez que los funcionarios abandonaron el servicio. Gritos y arengas
dejaron en evidencia el quiebre de las conversaciones y el llamado a
movilización nacional.
De
esta forma, se reactivan las amenazas de paro que existían previo a la
creación de la mesa de negociación. El 27 de junio, las asociaciones
hicieron una convocatoria de acuartelamiento a partir de las 18.00, en
busca de ser recibidos por el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Pese
a la tensión de aquella noche, la autoridad accedió a conformar la mesa
de negociación.
Diálogo interrumpido
Las
diferencias entre el gobierno y los gremios se basan principalmente en
tres puntos, todos ligados a enfrentar el “estancamiento” que, acusan,
padece la carrera funcionaria en Gendarmería. Se trata del bono de
incentivo al retiro, bonificación de egreso y redistribución de las
plantas. Según los gremios, existen 4.500 funcionarios que, pese a
cumplir con todos los requisitos, no pueden optar a ascenso por la falta
de cupos.
El
primer punto corresponde al pago de un bono que fomente la salida de los
funcionarios más antiguos y permita la movilidad desde los rangos más
bajos. Sobre este punto, el gobierno hizo una oferta para aquellos
efectivos que cumplan entre 24 y 28 años de antigüedad. Los gremios
piden que este se amplíe entre los 20 y 30 años de servicio, con montos
que alcancen hasta las 1.000 UF, mientras el techo del gobierno es de
700 UF.
Además,
se ofertó un aumento al bono de un mes de sueldo para aquellos
uniformados que salgan de la institución por diversos motivos, entre los
20 y 30 años de servicio. Las asociaciones consideraron insuficiente la
propuesta y piden que la indemnización se acerque a lo que reciben, por
ejemplo, Carabineros, quienes se pueden retirar con un pago de hasta 24
sueldos. Según los dirigentes, el máximo al que aspira hoy un gendarme
es a siete remuneraciones.
Una
tercera razón se encuentra en la redistribución de la planta. Las
asociaciones piden que se ascienda a un número determinado de
funcionarios de los rangos menores, petición que no fue adoptada en la
propuesta del Gobierno.
Pese
a las diferencias, el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, dijo
que se ha trabajado “en un marco de estrechez fiscal, con especiales
ganas de avanzar de manera sustantiva en mejorar la carrera funcionaria.
Y nuestras propuestas contribuyen a destrabar el estancamiento”.