Con
33 votos a favor y uno en contra, el del senador Juan Ignacio Latorre
(RD), fue aprobado el proyecto Aula Segura, pero con un nuevo nombre:
Convivencia Escolar. Esto está entre las diferentes modificaciones que
sufrió la iniciativa, que un inicio pretendía expulsar a los alumnos que
realizaran actos de violencia en contra de los profesores, la que tuvo
discusión inmediata tras la decisión del Ejecutivo el lunes.
El
martes, la comisión de Educación del Senado aprobó Aula Segura, pero la
oposición impuso su mayoría en la instancia y rechazó todas las
indicaciones que el Gobierno había ingresado. Además, introdujo sus
propios cambios: se modificó del texto original el “deber” por
“facultad” de la decisión de los directores y en vez de actos de
violencia, los términos utilizados fueron “hechos graves”. Así se dejó
en manos del reglamento de cada colegio cuáles serán esos actos y las
respectivas sanciones.
Lo anterior generó el malestar del Ejecutivo,
pero abrió la puerta para iniciar una negociación que se materializó
durante la tarde de ayer en la comisión de Hacienda, donde jugaron un
papel importante los senadores Jorge Pizarro, Ricardo Lagos Weber y Juan
Pablo Letelier. Finalmente los acercamientos se concretaron cerca de
las 22.00 horas, siendo votado dos horas después.
El acuerdo final,
que recogía el espíritu original del documento del Gobierno más las
innovaciones de la ex Nueva Mayoría, consideró la suspensión como medida
cautelar mientras dure la investigación, anteriormente era la expulsión
inmediata.
Asimismo se incluyó a todos los miembros de la comunidad
escolar -no tan solo los alumnos- los que pueden ser sancionados si es
que causan “un severo daño a la integridad física o síquica, agresiones
de carácter sexual, uso, porte, posesión y tenencia
de armas o artefactos incendiarios”. Los plazos del proceso pasaron de
cinco días hábiles para emitir una sanción, y otros dos para que el
alumno presentara sus descargos, a quince, incluido 10 para apelar por
la sanción.
En el acuerdo de Convivencia Escolar, también se castigará a
quienes lastimen a terceros que estén en el establecimiento y los
directores de todo tipo de colegios, municipales y particulares, tienen
el deber de sancionar ante los hechos de violencia. Ahora, el proyecto
continuará su tramitación en la Cámara, pero será sometido a revisión
del regreso de la semana distrital en noviembre.